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La sesión de este miércoles en el Concejo Deliberante de Palpalá evidenció la persistencia del conflicto por terrenos vendidos por el municipio a beneficiarios de la UTA.
La sesión de este miércoles en el Concejo Deliberante de Palpalá evidenció la persistencia del conflicto por terrenos vendidos por el municipio a beneficiarios de la UTA. El tema, que lleva una década sin resolverse, generó fuertes cruces entre los concejales y frustración en los damnificados, quienes consideran que la falta de soluciones responde a intereses políticos.
El reclamo de los damnificados
David Surco, uno de los afectados, expresó su indignación tras la sesión: “Llevamos años peleando por este tema y seguimos en el mismo lugar. Hoy quedó claro que esto es político. El Procurador municipal se comprometió a una solución y no entiendo qué espera para cumplirlo.” Surco recordó que muchos adquirieron los terrenos con grandes esfuerzos económicos y afirmó que, pese a la pérdida de confianza, continuarán exigiendo respuestas.
Cruces entre bloques políticos
El conflicto alcanzó un punto crítico cuando la solicitud de interpelación al Procurador municipal, impulsada por el bloque del Frente de Izquierda (FIT), resultó rechazada tras un empate en la votación que fue definido por la presidenta del Concejo, Roxana García.
Desde el bloque radical, García justificó su postura señalando que el tema está judicializado y aseguró haber cumplido con las herramientas legislativas disponibles: “Solicitamos al Ejecutivo que agilice los trámites, pero la interpelación no iba a resolver el problema.”
Por su parte, Julio Mamaní, concejal del FIT, criticó la decisión: “Estamos cansados de resoluciones que el Ejecutivo no cumple. La interpelación era la única forma de que el Procurador dé explicaciones sobre los compromisos asumidos y no cumplidos desde abril.”
Años de espera y desconfianza creciente
Los damnificados, quienes llevan una década esperando la posesión de los terrenos, enfrentan un cierre de año sin avances significativos. La sesión dejó en evidencia la falta de consenso político y la desconfianza hacia las herramientas legislativas que, según el FIT, no han brindado soluciones concretas.
El conflicto sigue judicializado y el tiempo juega en contra de los vecinos, quienes exigen que el municipio y el Procurador cumplan con las promesas realizadas. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un símbolo de la ineficacia y los desacuerdos políticos que afectan a Palpalá. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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