Atención médica a extranjeros: "Debemos ser justos con nuestros recursos"

La medida ha sido cuestionada desde un sector de la política y la sociedad que la considera inconstitucional. Sin embargo, Norberto Markarián destacó que este tipo de decisiones son interpretadas por los gobernantes y las autoridades migratorias, y que, aunque pueda parecer restrictiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación será la encargada de determinar su constitucionalidad. "Si un extranjero está radicado en Argentina, tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino", aseguró.

Markarián comparó la situación con lo que ocurre en otros países, como Chile, donde a pesar de los lazos históricos y culturales, los extranjeros deben pagar por los servicios médicos. Recordó su propia experiencia personal en Chile, cuando sufrió una lesión y fue rechazado en un hospital por no poder pagar. “Si yo hubiera estado radicado en Chile, con ciudadanía y residencia, hubiese recibido atención gratuita. De la misma manera, si un extranjero se radica en Argentina, puede acceder a los mismos derechos”, explicó.

El abogado también reflexionó sobre la necesidad de esta medida, dada la difícil situación económica que atraviesa el país. “El estado argentino ha tenido grandes gastos, muchos de ellos abusivos. Los ciudadanos argentinos hemos tenido que soportar esos costos durante años, por lo que es justo que los extranjeros contribuyan también”, afirmó. Además, hizo hincapié en la falta de retorno económico que genera la formación de profesionales extranjeros en el sistema educativo argentino, ya que muchos optan por regresar a sus países una vez finalizada su formación.

En cuanto a las críticas que ha recibido la medida, Markarián resaltó que, si bien genera resistencia, es una decisión que busca corregir un sistema de salud que ha sido históricamente desbordado por los costos. "Los recursos destinados a la salud pública provienen de los impuestos de los ciudadanos argentinos. No se puede seguir atendiendo de forma gratuita a todos los extranjeros, ya que eso perjudica a nuestra propia población", sostuvo.

El abogado también mencionó que esta medida, si bien podría generar controversia, está dentro del marco legal. En su opinión, la medida es constitucional, ya que el cobro sólo afectaría a aquellos extranjeros que no hayan completado los dos años necesarios para obtener la ciudadanía argentina. “Una vez que un extranjero se radique y obtenga su ciudadanía, disfrutará de todos los derechos como cualquier argentino”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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