El juez Fernando Bellido, de la polémica por liberar a un asesino a un ascenso a Casación Penal

En 2021, el nombre del juez de Morón, Fernando Bellido, fue noticia por una polémica decisión: la liberación de Néstor Maximiliano Montiel (38), quien estaba condenado a dieciocho años de prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, robo agravado y abuso sexual. Pero lo que profundizó la controversia fue que, tras recibir el beneficio, el delincuente asesinó a puñaladas a una joven a la que también intentó abusar sexualmente.

La víctima, Nadia Arrieta, fue sometida y brutalmente apuñalada hasta la muerte. Su madre, Beatriz Flores, relató en aquel entonces el horror del crimen: "Antes de matarla, este hombre apuñaló a una familia y violó a una joven, que se salvó gracias a Dios, una suerte que no tuvo mi hija. ¿Cuántas Nadia antes de que esto pare?".

El argumento de Bellido y otro juez que anticiparon la libertad condicional del condenado, tras haber cumplido apenas diez de los dieciocho años de la pena, fue que Montiel era apto para su reinserción social. Fundamento que la madre de la víctima aborreció, dado que los criterios para ello no están estandarizados ni son precisos en la actualidad; basta solo con un análisis o percepción equívoca de un juez para que alguien que no debe estar en las calles vuelva a ellas.

De la polémica a un posible ascenso

A pesar de las consecuencias fatales de su decisión, Bellido apenas recibió reprimendas privadas. Ahora, en noviembre de este año, su nombre volvió a estar en el centro de atención tras figurar en el sexto lugar del orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura para cubrir cargos en Casación Penal. Este tribunal, el de mayor jerarquía en el país, es responsable de revisar fallos de primera instancia, incluyendo casos de corrupción.

Organismos y particulares han solicitado su apartamiento a través de un jury, argumentando que su historial pone en duda su idoneidad para ocupar un cargo tan sensible. Sin embargo, el pedido enfrenta serios obstáculos debido a los fuertes vínculos políticos de Bellido.

Vínculos políticos y cuestionamientos éticos

El cuestionamiento hacia Bellido no solo gira en torno a la liberación de Montiel. También enfrenta acusaciones relacionadas con su cercanía al poder político. Una de las denuncias señala que Bellido habría contado con seguridad privada proporcionada por Alejandro Manuel Caro, un expolicía detenido por liberar a personas arrestadas. Este hecho, que salió a la luz en 2016, involucró a varios oficiales acusados de facilitar fugas en la comisaría de Villa Tesei.

Además, Bellido es señalado como un juez "militante" con conexiones cercanas al Frente Renovador, liderado por Sergio Massa. Fotografías públicas lo muestran participando en eventos políticos del grupo Azucena Ehcosor, liderado por la esposa del exintendente de Hurlingham, Luis Acuña. Este tipo de actividades contravienen la ley 13.661, que prohíbe expresamente la participación política de magistrados.

Fernando Bellido.

El pedido de apartamiento también menciona que Bellido habría prestado asesoramiento técnico a Massa para frenar posibles modificaciones en el Código Penal. Estas acciones, según los denunciantes, no solo reflejan un incumplimiento de la normativa judicial, sino que también generan dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones.

Impunidad y desafíos en la justicia

A pesar de las múltiples denuncias y las evidencias públicas, Bellido logró sortear el jury que buscaba apartarlo de su cargo y, potencialmente, de su ascenso. Fuentes cercanas al caso señalan que sus conexiones políticas han sido clave para evitar consecuencias legales o administrativas.

Las críticas hacia su figura se centran en el impacto que su cercanía al poder político podría tener en sus decisiones judiciales, especialmente si llega a Casación Penal. Este tribunal revisa causas de alto perfil, incluyendo hechos de corrupción, donde la independencia y objetividad son esenciales para garantizar justicia.

El caso Bellido pone en evidencia las tensiones entre la política y el sistema judicial en Argentina, planteando interrogantes sobre la transparencia en los procesos de selección de jueces y las garantías para que estos actúen sin influencias externas.

Mientras tanto, familiares de víctimas como Nadia Arrieta continúan exigiendo respuestas y justicia, no solo por los crímenes cometidos, sino también por las decisiones judiciales que los posibilitaron. (www.REALPOLITIK.com.ar)

 

 

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