Enriquecimiento ilícito: Denunciaron penalmente a Cristian Ritondo y su esposa Romina Diago

La denuncia penal presentada por el abogado Jeremías Rodríguez ante la Justicia Federal ha puesto en la mira a dos figuras de la política argentina: Cristian Ritondo, actual diputado nacional por el Pro, y su esposa, Romina Aldana Diago, funcionaria del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La acusación abarca una serie de delitos graves, entre ellos el presunto enriquecimiento ilícito, encubrimiento y tráfico de influencias, relacionados con la creación de sociedades offshore, la adquisición de propiedades de alto valor en el extranjero y la omisión de información en las declaraciones patrimoniales.

La trama offshore y las propiedades en Miami

La denuncia, sustentada por un informe periodístico publicado el 8 de diciembre de 2024 en El Diario, detalla el uso de sociedades offshore registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Florida para la adquisición de propiedades en Estados Unidos. Según la investigación, Diago figura como beneficiaria final de diversas sociedades que, entre 2013 y 2015, adquirieron al menos cinco propiedades en Miami, sumando un valor total de 2,6 millones de dólares.

Una de las principales estructuras mencionadas en la denuncia es Sunstar Point Ltd., creada en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas, con el objetivo de adquirir un inmueble en Florida. Según los documentos, esta sociedad estaba vinculada a un fideicomiso denominado Warwick Trust, cuyo administrador era Diago, y en caso de su incapacidad o muerte, Ritondo figuraba como administrador sustituto, con sus hijos como beneficiarios.

Omisión en las declaraciones juradas

La investigación pone en evidencia que tanto Ritondo como Diago habrían omitido en sus respectivas declaraciones juradas la existencia de estas sociedades offshore y las propiedades adquiridas en el extranjero. De acuerdo con la ley 25.188 de ética pública, los funcionarios públicos están obligados a declarar todos los bienes que posean, tanto en el país como en el extranjero. La denuncia sostiene que esta omisión constituye un delito de enriquecimiento ilícito, ya que los bienes adquiridos no fueron informados de manera transparente.

El diputado Ritondo, a través de su equipo de prensa, negó cualquier vinculación directa con las sociedades offshore de su esposa. No obstante, la investigación revela que las sociedades vinculadas a Diago fueron creadas y administradas bajo condiciones que, según el denunciante, buscan ocultar el origen de los fondos y el destino de los bienes adquiridos. Además, el informe menciona a figuras políticas cercanas a Ritondo, como el exfuncionario macrista Juan Alberto Pazo, quien habría participado en una transacción inmobiliaria vinculada a las operaciones de las sociedades.

La falta de transparencia y las preguntas pendientes

A pesar de las respuestas oficiales, la investigación sigue dejando muchas preguntas sin responder sobre la transparencia de las operaciones financieras realizadas por los denunciados. El uso de sociedades offshore y fideicomisos internacionales no solo dificulta el rastreo del origen de los fondos, sino que también plantea serias dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y patrimoniales de los funcionarios públicos involucrados.

La denuncia contra Cristian Ritondo y Romina Diago es una muestra más de las prácticas opacas que, según la denuncia, caracterizan a ciertas figuras de la política argentina. A medida que avanza la investigación, se espera que se aclare si estos dirigentes incumplieron la ley al ocultar bienes y utilizar estructuras financieras complejas para evitar los controles patrimoniales. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en un tema central en la política argentina, este caso pone en duda la integridad de quienes ocupan altos cargos en el poder.

La denuncia ha sido presentada, y ahora la Justicia deberá dirimir si hay suficientes pruebas para procesar a los denunciados. Mientras tanto, las implicancias políticas y sociales de este caso podrían resonar fuertemente en la opinión pública, que sigue a la espera de respuestas claras sobre la transparencia de los funcionarios en el manejo de sus bienes. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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