Entre tensiones y denuncias, Santa Cruz adhiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

En medio de un clima tenso, con fuerte presencia policial y vallas rodeando el recinto legislativo, la Legislatura de Santa Cruz aprobó la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto, parte de la Ley Nacional 27.742, fue aprobado con 13 votos a favor y 9 en contra durante la décimo sexta sesión ordinaria del período legislativo.

El RIGI, iniciativa que busca atraer inversiones privadas superiores a los 200 millones de dólares mediante incentivos y garantías jurídicas, es visto como una de las apuestas clave del gobierno nacional liderado por Javier Milei. Sin embargo, su implementación en Santa Cruz ha sido motivo de intenso debate, enfrentando posturas que van desde la esperanza de desarrollo hasta fuertes críticas por los posibles impactos sociales y económicos.

Tensiones en la sesión: “Esto va en contra del pueblo”

La jornada estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad que, según la diputada Agostina Mora (Unión por la Patria), evidencia el carácter impopular de la medida. “Si lo que se vota favoreciera al pueblo, no habría necesidad de este despliegue policial”, afirmó.

Por su parte, el legislador Daniel Peralta cuestionó la efectividad del RIGI para la provincia: “Ojalá lleguen miles de empleos, pero este proyecto no va a favorecer a Santa Cruz. Hoy se comete un error que se sostiene con apenas dos votos de diferencia”.

La votación fue precedida por una polémica maniobra política: Pedro Luxen, exministro de Gobierno y figura cercana al gobernador Claudio Vidal, asumió como diputado provincial en reemplazo de Pedro Valenzuela, quien renunció semanas atrás. Este cambio fue interpretado por algunos sectores como un movimiento estratégico para asegurar la aprobación del proyecto.

Un presupuesto 2025 con números en rojo

Además del RIGI, la Legislatura también dio luz verde al Presupuesto 2025, que proyecta un déficit financiero de casi 28 mil millones de pesos. Para cubrirlo, el gobierno provincial recurrirá a financiamiento externo y endeudamiento, estimado en más de 32 mil millones de pesos.

El presupuesto incluye un gasto total de $2,438 billones frente a ingresos calculados en $2,410 billones. Esta situación subraya la frágil situación económica de la provincia, que dependerá de readecuaciones presupuestarias y créditos para equilibrar sus finanzas.

Denuncias en medio de la sesión

En paralelo a la aprobación de estos proyectos, los legisladores Eloy Echazú y Lorena Ponce (Unión por la Patria) presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía de Primera Instancia N°2 de Río Gallegos. La acción estuvo motivada por los incidentes registrados en las afueras del recinto, donde manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentaron en un contexto de creciente tensión social.

Un futuro incierto

La adhesión al RIGI promete dividir aún más las aguas en Santa Cruz. Mientras el oficialismo provincial asegura que esta medida atraerá inversiones clave para el desarrollo, los sectores críticos temen que los beneficios reales se concentren en pocos actores y no impacten en la calidad de vida de la población.

Con una economía provincial en dificultades y una creciente desconfianza hacia las decisiones políticas, el desafío ahora será gestionar las consecuencias sociales y políticas de estas medidas en un escenario ya marcado por el descontento. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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