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El Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) ha generado un intenso debate en la Legislatura provincial tras su aprobación, enfrentándose a fuertes críticas por parte de la oposición debido a la falta de un tratamiento adecuado en la Comisión de Salud y a la escasa explicación sobre su alcance y funcionamiento.
El Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) ha generado un intenso debate en la Legislatura provincial tras su aprobación, enfrentándose a fuertes críticas por parte de la oposición debido a la falta de un tratamiento adecuado en la Comisión de Salud y a la escasa explicación sobre su alcance y funcionamiento. El proyecto propone la implementación de un "arancel solidario" para las personas sin cobertura médica, con el objetivo de financiar el acceso a la salud para todos los ciudadanos.
El SEPROSA, que aún tiene muchas dudas que deberán aclararse en su reglamentación, contempla el cobro de un monto mensual que equivaldría a cinco consultas médicas, basadas en los valores del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ). Este arancel afectaría a personas sin cobertura médica, ya sea a través de prepagas u obras sociales, exceptuando a aquellos residentes cuyos ingresos no superen el valor de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (aproximadamente $543.142).
Entre los sectores más afectados por este arancel se encuentran trabajadores informales, cuentapropistas y taxistas, quienes, aunque puedan tener ingresos por encima del umbral, no siempre tienen las condiciones económicas necesarias para asumir este costo adicional.
Los fundamentos del proyecto se basan en una necesidad de autofinanciación debido a la disminución de la financiación nacional hacia las provincias. El objetivo declarado es garantizar la cobertura sanitaria a los más necesitados, pero este enfoque ha sido severamente criticado por diversos sectores.
Una de las principales voces críticas es la diputada provincial Natalia Morales, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quien se mostró enérgicamente en contra del proyecto, argumentando que el mismo pone fin a la gratuidad de la salud pública y vulnera derechos sociales fundamentales. "Lo metieron por la ventana", afirmó, señalando que el proyecto fue aprobado sin el debido debate en la Comisión de Salud. Según Morales, la cuota mensual podría alcanzar entre $30.000 y $50.000, lo que afectaría gravemente a las familias de bajos recursos.
Morales también denunció que el sistema sería excluyente y burocrático, ya que obligaría a los más pobres a presentar un carnet que acredite su situación económica, mientras que el resto de la población tendría que pagar por un servicio que, en su opinión, debería ser gratuito. Además, acusó al proyecto de ser beneficioso para el negocio privado y criticó la gestión discrecional de los fondos del ISJ, calificándolos como una "caja política" vaciada para justificar la medida.
El proyecto ha abierto una nueva discusión sobre el futuro del sistema de salud público en la provincia, con acusaciones de que podría estar avanzando hacia una privatización de la atención médica. Además, se cuestiona si el arancel propuesto es realmente una solución viable para la financiación del sistema, o si solo pondrá una carga adicional a las familias ya empobrecidas.
A medida que el proyecto avance, los sectores críticos seguirán presionando para que se reconsidere y se busquen alternativas que no perjudiquen los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente el acceso a la salud gratuita. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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