A través de una exfuncionaria de Axel Kicillof, amenazan a trabajadores de la Agencia de Seguridad Vial

Una grave denuncia por discriminación e incumplimiento de los derechos de los trabajadores públicos salió a la luz en la Agencia Nacional de Seguridad Vial gracias a documentación a la que tuvo acceso REALPOLITIK. Las acusaciones, que incluyen la discriminación de un trabajador con SIDA y condiciones laborales precarias impuestas desde el área de Recursos Humanos, que conduce Alan Lerra, generaron un tenso clima donde los empleados temen por su continuidad en el organismo.

Claramente, lo más alarmante en términos particulares tiene que ver con la discriminación que sufrió un trabajador con SIDA que, tras regresar a sus labores luego de la pandemia, fue objeto de maltratos sistemáticos por parte de sus superiores y directivos. Según el relato de uno de sus compañeros que se contactó con este medio, el joven fue removido de su área habitual y dejado a la intemperie durante tres semanas sin asignación de oficina, pese a su frágil estado de salud. "Sabían que su salud no era buena y, aun así, lo dejaron sin un lugar adecuado. Era un trabajador muy responsable y comprometido, pero lo discriminaron cruelmente", sostuvo el testigo.

Además, este trabajador había concursado para obtener un puesto de planta permanente, pero fue calificado con una nota deficiente sin explicación clara ni orientación sobre cómo revertir la situación. La negativa inicial a permitirle concursar habría sido una decisión influenciada por los jefes de base en Hudson y el jefe de Logística. Finalmente, tras insistir persistentemente, logró acceder al concurso y obtener la posición permanente, pero el proceso estuvo plagado de injusticias y maltrato.

Viajes obligatorios y despidos sin motivos

Como si fuera poco, la Agencia de Seguridad Vial que conduce Pedro Scarpinelli también fue señalada por las políticas de la oficina de Recursos Humanos en relación a los viajes laborales. De acuerdo a los empleados, estos son obligados a aceptar comisiones en otras localidades sin margen para la negociación. Esto se evidenció en un correo enviado a los jefes de base donde se indicaba que los agentes deben cumplir con las asignaciones, bajo amenaza de sanciones e incluso despidos en caso de negativa.

Estas disposiciones afectan especialmente a los empleados de las bases del interior del país, donde las condiciones laborales suelen ser más exigentes. En Mendoza, por ejemplo, los trabajadores franqueros del turno nocturno son obligados a jornadas de hasta once horas y media sin descanso, pasando de un operativo a otro de manera ininterrumpida. "En la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estas prácticas no son tan extremas, pero en el interior, los abusos son sistemáticos", precisó este mismo denunciante.

Ante este panorama, un grupo de trabajadores elevó una carta formal a la directora de Coordinación del Control y Fiscalización Vial de la Agencia, Susana Gangi, exigiendo el cumplimiento de la ley marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nro. 25.164. En el documento, destacaron que las prácticas actuales vulneran los derechos de los empleados y se apartan de los principios de eficiencia, eficacia y respeto que deben regir en el empleo público.

"El artículo 23, citado por Recursos Humanos, regula las tareas de empleados administrativos, pero no menciona las comisiones ni las funciones específicas de los fiscalizadores, quienes cumplen jornadas de cuarenta horas semanales, tal como indica la normativa", explican.

Según pudo confirmar REALPOLITIK, Susana Gangi viene de desempeñarse en la gestión de Axel Kicillof, donde desempeñó tareas en la jefatura de Asesores del Gobernador hasta julio de este año, sufriendo una transformación ideológica insólita. Previamente, supo trabajar codo a codo con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hoy en la mira por el caso de corrupción que tiene como protagonista al ministro bonaerense, Jorge D’Onofrio.

Susana Gangi, la exfuncionaria de Axel Kicillof que ahora defiende las políticas de ajuste.

Además, los trabajadores señalan que las comisiones resultan económicamente inviables, ya que los gastos asociados superan ampliamente las compensaciones ofrecidas. En paralelo, señalaron que se les está exigiendo realizar tareas como levantar actas de constatación, una función que excede su rol y para la cual no cuentan con el poder de policía. Esta situación, sumada a la falta de renovaciones de contratos de varios compañeros, genera un ambiente de incertidumbre y molestia.

Las denuncias de abuso y discriminación, que tienen como victimario a la Agencia de Seguridad Vial y como víctimas a sus trabajadores, exhiben la necesidad de una intervención por parte de las autoridades competentes o, mínimamente, el apartamiento de quienes propiciaron estos maltratos y violaciones a los derechos de los trabajadores. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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