Denuncian a Lilia Lemoine por insultos a Villarruel: Piden inhabilidad moral en el Congreso

Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia penal contra la diputada nacional Lilia Lemoine por declaraciones consideradas ofensivas y degradantes hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel y ciudadanos en redes sociales. Además, solicitaron al Congreso de la Nación que evalúe su conducta bajo el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita la exclusión de un legislador por inhabilidad moral sobreviniente.

La denuncia, respaldada por pruebas documentales y capturas de pantalla, señala que Lemoine calificó a Villarruel como una "sanguijuela" y "garrapata que chupa la popularidad del otro". También desestimó el respaldo electoral de la vicepresidenta al afirmar que "los votantes de Victoria Villarruel no existen, es un call center en Twitter". A estos dichos se suman expresiones ofensivas dirigidas a ciudadanos en redes sociales, como "sobame la quena, reina", "sacudite la entrepierna, a ver si se te sale la arena" y el uso del término "mogólico".

Las organizaciones denunciantes argumentan que estas declaraciones no solo vulneran el honor de las personas mencionadas, sino que generan un clima de hostilidad incompatible con los valores democráticos y el respeto por la diversidad ideológica. Señalan además que el accionar de la legisladora excede los límites de la libertad de expresión al fomentar divisiones sociales y socavar los principios fundamentales del sistema democrático.

El texto presentado subraya que los representantes públicos tienen la obligación de actuar con responsabilidad, moderación y respeto, promoviendo la convivencia pacífica y fortaleciendo las instituciones democráticas.

En paralelo, se ha solicitado que el Congreso convoque una comisión investigadora para determinar si las acciones de Lemoine configuran una causal de exclusión por inhabilidad moral, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.

La denuncia será analizada en el ámbito judicial, donde se evaluarán las pruebas aportadas y las declaraciones públicas de la diputada. Las organizaciones reiteraron que su objetivo es preservar los valores democráticos, destacando que ningún representante público puede quedar exento de responsabilidad ante este tipo de conductas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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