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El fiscal general jefe, Omar Rodríguez, pidió una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva para la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola. La acusación incluye cuatro hechos de fraude y tres de exacciones ilegales, entre ellas el cobro indebido de un porcentaje de los sueldos de sus asesores.
En una nueva audiencia de cesura de pena por la causa 'Ñoquis Calientes', que investiga un entramado de corrupción y malversación de fondos públicos en Chubut, la Fiscalía solicitó penas que van desde los dos años de prisión en suspenso hasta los tres años y seis meses de prisión efectiva. Además, se requirió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la restitución de los montos malversados.
El fiscal general jefe, Omar Rodríguez, pidió una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva para la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola. La acusación incluye cuatro hechos de fraude y tres de exacciones ilegales, entre ellas el cobro indebido de un porcentaje de los sueldos de sus asesores.
Por su parte, Silvana Cañumil, exdirectora general del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, enfrenta un pedido de dos años de prisión en suspenso. Además, se solicitó su presentación trimestral ante la Justicia, la realización de cursos de ética pública, la inhabilitación perpetua para cargos públicos y la devolución del dinero malversado.
Otros tres acusados, que ocupaban roles menores dentro del ministerio, también enfrentan pedidos de dos años de prisión en suspenso, con medidas similares de conducta y restitución económica.
El tribunal, conformado por la jueza Marcela Pérez Bogado y los jueces José Ennis y Carlos Richeri, tomará el tiempo legal correspondiente para dictar sentencia, la cual se espera para el mes de febrero debido a la feria judicial.
La causa 'Ñoquis Calientes' reveló una serie de contrataciones irregulares dentro del Ministerio de Familia, donde se detectaron asesores fantasma y la exigencia de retornos salariales como condición para mantener puestos laborales. Este caso es uno más dentro de una serie de escándalos de corrupción que han sacudido la administración pública en Chubut en los últimos años. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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