Caso Edgardo Kueider: Debido a amenazas, piden reforzar la seguridad de Sandra Arroyo Salgado

En una nueva arista del escándalo que envuelve al exsenador Edgardo Kueider, una denuncia penal presentada por Daniel De Olivera expuso un entramado de amenazas y extorsión para intervenir en la causa judicial que se encuentra en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El caso, que ya fue sorteado al juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7 bajo el expediente CFP 92/2025, podría implicar a miembros del gobierno nacional.

El relato de la denuncia

De acuerdo con la presentación de De Olivera, Juan Grimberg, abogado vinculado a Kueider -quien se encuentra bajo prisión domiciliaria en Paraguay por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero-, habría intentado involucrarlo en una operación para manipular el curso de una causa sensible. Esta causa, que está bajo la órbita de la jueza Arroyo Salgado, incluiría elementos clave sobre los presuntos delitos cometidos por Kueider.

Según cuenta De Olivera en su denuncia, Grimberg lo contactó con el objetivo de que utilizara sus contactos para presionar a Arroyo Salgado y quitarle la causa que involucra al exsenador. El denunciante asegura que tras rechazar la propuesta, fue víctima de agresiones verbales, amenazas y descalificaciones. En un tramo alarmante de la denuncia, De Olivera afirma que Grimberg llegó a advertirle que tanto su vida como la de la jueza y sus hijas estaban en peligro debido a las acciones de “gente muy peligrosa” vinculada al gobierno de Javier Milei.

Javier Milei.

El contexto internacional: demoras en la extradición

Mientras tanto, en Paraguay, el proceso de extradición de Kueider enfrenta demoras significativas. La fiscal adjunta Matilde Moreno ha solicitado a la Justicia argentina aclaraciones y documentación complementaria respecto de las causas que pesan sobre el exsenador y su acompañante, Iara Guinsel Costa. Moreno argumentó que la solicitud presentada por Arroyo Salgado contiene “defectos de forma y fondo”, lo que dificulta un pronunciamiento favorable en esta instancia.

Esta demora plantea interrogantes sobre la capacidad del estado argentino para avanzar en una investigación que podría destapar una red de corrupción que involucra a actores clave de la política nacional. En paralelo, las revelaciones de De Olivera sugieren que hay esfuerzos concertados para proteger a Kueider desde esferas de poder en Argentina, incluyendo supuestas operaciones para desacreditar a la jueza Arroyo Salgado.

Reclamos urgentes de seguridad y justicia

En su denuncia, De Olivera solicita el refuerzo de la seguridad de Arroyo Salgado y su familia, así como medidas para garantizar la integridad de las causas que investiga la magistrada. También exige que se investiguen las conexiones de Grimberg con redes delictivas y se secuestren sus dispositivos electrónicos como parte de las pericias. Estos señalamientos se suman a una larga lista de acusaciones que enredan a Kueider en un entramado de delitos financieros y políticos.

El caso CFP 92/2025 no solo pone en el centro de la escena a Kueider y sus presuntas actividades delictivas, sino también al gobierno de Javier Milei, acusado de utilizar el aparato estatal para encubrir a sus aliados. Con la memoria del homicidio del fiscal Alberto Nisman aún presente, las amenazas contra Arroyo Salgado evocan un fantasma inquietante: el riesgo que enfrentan los funcionarios judiciales que investigan la corrupción en los niveles más altos del poder. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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