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El abogado laboralista y asesor de la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gustavo Ciampa realizó un análisis sobre la situación laboral en Argentina. El letrado destacó el impacto negativo de la ley de Bases, que elimina sanciones a empleadores incumplidores y facilita actos discriminatorios y despidos arbitrarios.
“Estamos atravesando un momento muy complicado, no solo por la situación económica, sino también por el retroceso en los derechos laborales”, afirmó Gustavo Ciampa. La ley de Bases, que entró en vigencia el 9 de julio de 2024, incluye un capítulo laboral que fue “contrabandeado” durante su tratamiento legislativo. Este capítulo, según el abogado, no siguió el procedimiento adecuado, ya que debió haber pasado por la Comisión de Legislación del Trabajo, algo que no ocurrió.
La norma, que introduce modificaciones inspiradas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (anulado parcialmente por la justicia laboral), representa una degradación significativa de las condiciones de los trabajadores y un incentivo a la impunidad empresarial. “La ley Bases elimina sanciones a empleadores que incurren en graves incumplimientos, como mantener empleados sin registrar o retener aportes salariales destinados a la seguridad social sin depositarlos”, denunció el asesor de la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
Entre los cambios más alarmantes, Ciampa destacó que la ley permite la discriminación laboral. “Ahora, un empleador puede despedir a un trabajador por ser judío, católico, por tener participación gremial o incluso por su apariencia física, y ese despido será considerado válido por la ley”, explicó. Además, subrayó que se penaliza el ejercicio del derecho de huelga, permitiendo que los empleadores despidan a quienes participen en medidas sindicales que afecten la operación de la empresa o sus clientes.
Otros puntos críticos incluyen la eliminación de la penalidad para empleadores que despiden sin pagar indemnizaciones o que especulan con juicios para negociar por debajo de lo que corresponde. También se restablece la posibilidad de remunerar con tickets canasta, un sistema que ya había sido declarado inconstitucional en 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El abogado destacó el rol de la justicia laboral en la defensa de los derechos de los trabajadores, señalando que “actuó con celeridad” al declarar nulo el capítulo laboral del DNU 70/2023 en menos de un mes. Sin embargo, alertó que este fallo está pendiente de revisión por la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado.
“El gobierno actual, lejos de garantizar el cumplimiento de las leyes, ha tomado decisiones políticas para no controlar ni sancionar los incumplimientos laborales. Esto envía un mensaje de impunidad a los empleadores”, enfatizó Ciampa.
En un contexto de alta precariedad laboral, donde el 60 por ciento de los trabajadores son pobres a pesar de estar empleados, Ciampa llamó a reflexionar sobre la importancia de preservar las conquistas históricas del movimiento obrero. También destacó medidas recientes, como el fallo que ordenó la reincorporación de 25 trabajadores despedidos por hacer huelga en Zárate, como ejemplos de la resistencia sindical frente al retroceso normativo.
“Estamos en un punto crítico donde las políticas laborales del gobierno favorecen a los empleadores en detrimento de los trabajadores. Es fundamental que la sociedad tome conciencia y defienda el derecho al trabajo digno”, concluyó el abogado. (www.REALPOLITIK.com,ar)
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