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La situación sigue siendo muy tensa, y mientras la comunidad mapuche se prepara para resistir el desalojo, las autoridades municipales se preparan para ejecutar el fallo judicial.
En el corazón del lago Correntoso, la tensión sigue en aumento entre la comunidad mapuche Paichil Antriao y las autoridades locales, debido al desalojo inminente que la Municipalidad de Villa La Angostura ha comenzado a ejecutar. El conflicto gira en torno a un camping ubicado en tierras que la comunidad mapuche considera de su posesión ancestral, mientras que el municipio argumenta que se trata de territorio público, clave para el desarrollo turístico de la región.
El intendente Javier Murer ha insistido en que el desalojo es necesario y que se había intentado llegar a un acuerdo con la comunidad, pero la falta de resolución política impidió que se concretara un compromiso. Según Murer, el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que otorga la posesión de las tierras a la municipalidad, es claro y no está sujeto a disputas. “El camping no está habilitado y carece de las condiciones mínimas de seguridad”, sostuvo el intendente en una carta pública.
Por su parte, el abogado de la comunidad mapuche, Virgilio Sánchez, advirtió que el fallo no está firme y que, si el desalojo se lleva a cabo, los responsables tendrán que afrontar las consecuencias. Sánchez mencionó que, aunque se había alcanzado un acuerdo preliminar con el municipio, este no fue firmado debido a la falta de voluntad política para resolver el conflicto. Además, el abogado subrayó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había determinado previamente que el lugar es una "ocupación ancestral" y que, según su opinión, la demora en la resolución de esta situación se debe a presiones políticas.
El fallo del TSJ de 2024 reconoce la posesión de las tierras a la Municipalidad de Villa La Angostura, pero la comunidad mapuche asegura que este fallo no está firme y que sigue en curso su apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para la comunidad Paichil Antriao, este predio es parte de su territorio ancestral, y la Ley 26.160, que protege a las comunidades indígenas de los desalojos, los respalda.
El plazo judicial para la restitución del predio venció en noviembre de 2024, lo que motivó al municipio a iniciar el proceso de desalojo. Murer defendió su decisión, subrayando la necesidad de recuperar el espacio público para actividades turísticas. La comunidad, por su parte, sostiene que el camping forma parte de sus tradiciones y que cualquier desalojo violaría sus derechos ancestrales.
A pesar de los esfuerzos por el diálogo, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder. La situación sigue siendo muy tensa, y mientras la comunidad mapuche se prepara para resistir el desalojo, las autoridades municipales se preparan para ejecutar el fallo judicial. En este contexto, Villa La Angostura se enfrenta a un escenario complicado, donde el conflicto territorial y la actividad turística se cruzan de manera irreversible. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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