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Tayikistán limita la libertad religiosa y el islam político, justificando medidas autoritarias en su lucha contra el terrorismo y el extremismo.
La libertad religiosa es el derecho a elegir y practicar una religión sin injerencias indebidas. Este derecho es crucial porque está relacionado con las creencias más profundas de las personas, las cuales definen quiénes son, cómo actúan y cómo se relacionan entre sí. Sin embargo, debido a diversos factores, muchos países enfrentan limitaciones a este derecho fundamental, ya sea por razones políticas o por visiones religiosas particulares. Esta situación no es nueva en el mundo: la Unión Soviética intentó prohibir toda expresión religiosa, pero, en lugar de desaparecer, la religión en esos territorios se ocultó y se practicó en lugares secretos donde los creyentes se sentían más seguros.
En la actualidad, expresiones como el genocidio de cristianos en países como Nigeria, los asesinatos de estos mismos en Irak o la represión del budismo en China podrían hacernos pensar que estas violaciones no son exclusivas de ciertas religiones. No obstante, en Tayikistán, y desde la perspectiva política del gobierno liderado por Emomali Rahmon, quien ha estado en el poder desde 1992, inicialmente como presidente del Comité Ejecutivo del Consejo de Diputados del Pueblo de la provincia de Kulob y, desde 1994, como presidente de la República, también parecen existir limitaciones, particularmente hacia la mayoría musulmana que representa el 98 por ciento de la población. Estas restricciones se justifican bajo el argumento de que, dada la frontera con Afganistán, el mandatario busca prevenir que grupos terroristas tomen el poder en el país.
Este país, ubicado en Asia Central, tiene una historia milenaria profundamente influenciada por su posición en la Ruta de la Seda, que facilitó el intercambio cultural, religioso y comercial entre Oriente y Occidente. Desde la antigüedad, la región que hoy es Tayikistán fue parte de varios imperios, incluyendo el persa aqueménida, el griego de Alejandro Magno y, más tarde, el Imperio Kushán. La llegada del islam en el siglo VII marcó un punto de inflexión significativo. La conversión al islam fue gradual y, con el tiempo, el islam suní se convirtió en la religión predominante, moldeando profundamente la cultura, la arquitectura y las leyes de la sociedad tayika. Durante siglos, bajo los emiratos y kanatos, el islam se entrelazó con la vida cotidiana, creando una rica tradición de literatura, arte y ciencia islámicas.
La modernización y la secularización llegaron con el Imperio Ruso y, más profundamente, con la Unión Soviética, que anexó la región en 1924 y la reorganizó como la República Socialista Soviética de Tayikistán. Bajo el régimen soviético, se implementaron políticas de ateísmo de estado, lo que significó una supresión oficial de la práctica religiosa. Aunque el islam persistió en formas privadas y comunitarias, las mezquitas fueron destruidas o convertidas a otros usos, y la educación religiosa se vio severamente limitada. Este período también impuso el alfabeto latino, y posteriormente el cirílico, en detrimento de la escritura tradicional en árabe, afectando la práctica y el estudio del islam.
La independencia de Tayikistán en 1991 tras el colapso de la URSS liberó a la religión de muchas de estas restricciones, lo que llevó a un resurgimiento del islam. Sin embargo, la guerra civil subsiguiente (1992-1997) fue parcialmente motivada por tensiones religiosas y étnicas, con grupos islamistas buscando más influencia política. Desde entonces, bajo el liderazgo de Emomali Rahmon, el gobierno ha tomado medidas para controlar la práctica del islam, temiendo el extremismo mientras promueve una versión de la religión alineada con el nacionalismo y el secularismo estatal.
Hoy, aunque más del 96 por ciento de la población es musulmana, el gobierno regula estrictamente las actividades religiosas, promueve una interpretación del islam que se ajusta a su visión de modernidad y unidad nacional, y combate lo que considera radicalismo religioso.
En 2015, el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (PRIT), la única formación política islámica legal en Asia Central hasta esa fecha, fue ilegalizado por el gobierno. Este partido, fundado en 1990, había participado activamente en la política tayika, incluyendo la representación en el parlamento y la firma de acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en 1997. Sin embargo, tras las elecciones legislativas de marzo de 2015, donde el PRIT no logró superar el umbral del 5 por ciento para obtener escaños, el gobierno inició una campaña contra el partido. En agosto de ese año, el ministerio del Interior de Tayikistán canceló el registro del PRIT y, un mes después, la Corte Suprema de Tayikistán lo declaró una "organización terrorista", basándose en acusaciones de su presunta participación en un intento de golpe de estado liderado por el exviceministro de Defensa, Abduhalim Nazarzoda.
La ilegalización del PRIT fue vista como un movimiento del gobierno para eliminar cualquier oposición política significativa y asegurar el control absoluto del presidente Emomali Rahmon. Dos líderes del partido fueron sentenciados a cadena perpetua por su supuesta vinculación con el ataque de Nazarzoda, aunque el PRIT rechazó estas acusaciones. Esta acción marcó un endurecimiento de las medidas contra el islam político y cualquier forma de disidencia, estableciendo un precedente para la represión de la libertad de asociación y expresión. Posteriormente, en 2016, una enmienda constitucional prohibió la formación de partidos políticos basados en plataformas religiosas, consolidando aún más el control estatal sobre la religión y la política.
Más allá de esto, la legislación prohíbe el uso de cualquier vestimenta con símbolos islámicos, y organizaciones como Amnistía Internacional han reportado que se intensificó la represión de las prácticas religiosas de la minoría de fe ismailí de la provincia autónoma de Alto Badajshán, represión que ya había cobrado impulso en 2022 con la destrucción de símbolos religiosos, el cierre de lugares de culto y la prohibición de las festividades religiosas. Asimismo, las autoridades continuaron penalizando la oración colectiva en domicilios particulares, amenazando con el procesamiento a educadores y educadoras religiosos, confiscando material de educación religiosa y, según informes, intentando sustituir determinadas prácticas ismailíes.
Tayikistán ha enfrentado desafíos significativos en su lucha contra el terrorismo, principalmente debido a su frontera con Afganistán, donde grupos extremistas como el Estado Islámico (ISIS) y el Talibán han tenido presencia. Desde la independencia, el país ha sido considerado vulnerable al radicalismo islámico debido a la diseminación de ideologías extremistas en la región. El gobierno ha implementado medidas de seguridad internas y cooperación internacional para combatir el terrorismo, incluyendo la vigilancia de actividades religiosas y la represión de grupos considerados radicales.
La justificación del gobierno para prohibir partidos religiosos, como el PRIT en 2015, se basa en la percepción de que tales grupos podrían servir como fachada para actividades terroristas o extremistas. Según el gobierno, la prohibición de partidos políticos basados en la religión es necesaria para mantener la estabilidad y la unidad del país. No obstante, estas acciones sirven como un medio para eliminar la oposición política, restringir la libertad de expresión y consolidar el poder autoritario. Si bien la seguridad es importante, las medidas deben ser proporcionadas y se deben respetar los derechos fundamentales.
La lucha de Tayikistán contra el terrorismo y su enfoque en la prohibición de partidos religiosos reflejan un complejo desequilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos. Si bien la preocupación por la estabilidad y la prevención del extremismo es comprensible, es crucial recordar que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental que debe protegerse. A pesar de las medidas extremas contra el terrorismo en el país, no podemos olvidar que el atentado en Moscú de marzo del 2024 en el Crocus City Hall fue perpetrado por personas con nacionalidad tayika que fueron reclutados por Daesh, lo que hace cuestionar la efectividad de las medidas.
Para abordar el terrorismo de manera más efectiva, Tayikistán podría adoptar estrategias como el fortalecimiento de la educación, la promoción de la cohesión social a través del diálogo interreligioso y cultural, y la implementación de programas comunitarios que prevengan el extremismo. Además, una cooperación internacional más enfocada en el desarrollo y en el refuerzo de instituciones podría contribuir a un entorno donde la seguridad y la libertad religiosa se complementen, en lugar de estar en conflicto, fomentando así una sociedad más estable y justa. Sin embargo, el talante autoritario del gobierno que busca exterminar todo foco de rebelión o cuestionamiento a su poder, hace que esto no sea posible. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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