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29 de enero de 2025 | Provincia

Esquema ilícito

Corrupción: Intiman a Axel Kicillof a intervenir en la polémica licitación por 4.000 millones de pesos

Un importante proveedor bonaerense denunció irregularidades en torno a una licitación de 4.000 millones de pesos, destinados a la compra de muebles escolares. La corrupción en la administración pública ya alcanzó la educación de los más chicos.

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por:
Santiago Sautel

La investigación de REALPOLITIK sobre presuntas irregularidades en las licitaciones públicas de la dirección general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires sigue sumando evidencia. Ahora, el proveedor que inicialmente denunció la manipulación de los pliegos licitatorios para favorecer a una empresa específica ha dado un nuevo paso: envió una carta documento al gobernador Axel Kicillof, exigiendo su intervención en el expediente.

El documento tuvo como destinatarios, además de Kicillof, al fiscal de estado Hernán Gómez, el contador General de la provincia, Carlos Baleztena, el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Thea, el tesorero General, David Jacobi y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

Nuevas acusaciones

En la carta documento, la denunciante, titular de la empresa Educando SRL, reiteró que las irregularidades en las licitaciones no son casos aislados, sino parte de un esquema sistemático de corrupción administrativa. Según el documento, en el caso denunciado, las especificaciones técnicas del pliego no responden a criterios de calidad, resistencia, durabilidad ni ergonomía de los muebles escolares a adquirir, sino que fueron diseñadas exclusivamente para favorecer a un proveedor determinado.

Se trata de la licitación púbica 09/2024, que tiene fecha de apertura de ofertas en las próximas horas. La misma tiene como objetivo la adquisición de mobiliario escolar y tiene un presupuesto de 4.383.140.500 pesos, que pueden incluso ser ampliados en un 100 por ciento. Resulta alarmante no sólo la enorme cantidad de dinero que está en juego, sino también que las sospechas de corrupción recaigan sobre un rubro tan sensible como la educación de los más chicos.

"Estos requisitos no son más que una barrera de ingreso para cercenar la concurrencia de oferentes y direccionar la licitación a un determinado grupo económico", señaló la empresaria en su denuncia. Además, advirtió que este grupo beneficiado ya ha sido señalado en otras causas por hechos de corrupción, lo que agrava la situación.

El modus operandi de la corrupción licitatoria

La denuncia pone nuevamente en el centro del debate el mecanismo por el cual las licitaciones públicas son manipuladas en el gobierno de Axel Kicillof. La estrategia consiste en la redacción de pliegos con un nivel de especificidad tal que solo una empresa en particular puede cumplir con los requisitos exigidos. Esto elimina de facto la competencia y garantiza la adjudicación del contrato a la firma predilecta de la administración.

A esto se suma la imposición de garantías millonarias para poder impugnar las licitaciones. En el caso denunciado, se exige el pago de una garantía equivalente al 1-5 por ciento del presupuesto oficial de la licitación, que supera los 4.000 millones de pesos. Esta suma convierte en prácticamente inviable cualquier intento de impugnación, blindando las decisiones administrativas de cuestionamientos.

Impacto y pedido de intervención

La presentación de la carta documento por parte de Educando SRL representa un punto de inflexión en el avance del caso. No solo ratifica la existencia de un esquema ilícito en la adjudicación de contratos públicos, sino que además coloca a Axel Kicillof en el centro de la escena, exigiendo su intervención directa.

Hasta el momento, el gobierno provincial no ha emitido una respuesta oficial sobre el caso. Sin embargo, crecen las expectativas sobre posibles acciones judiciales o administrativas que podrían derivarse de esta nueva denuncia.

El escándalo pone en jaque la transparencia de las licitaciones en la provincia de Buenos Aires y refuerza la necesidad de una reforma en la normativa vigente para garantizar procesos más justos y equitativos. La exigencia de una mayor fiscalización y la eliminación de barreras que limitan la libre competencia en las contrataciones públicas se vuelven ahora demandas impostergables. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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