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La disputa sobre la jurisdicción y los permisos podría continuar en el ámbito legislativo, mientras los desarrolladores avanzan con la comercialización de las propiedades.
El desarrollo turístico Pueblo Blanco, ubicado frente a Villa El Chocón sobre la costa rionegrina, se encuentra en el centro de una fuerte controversia. Las dudas sobre su jurisdicción, el impacto ambiental y la falta de claridad en los permisos de construcción han generado un intenso debate político.
El diputado provincial Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) fue quien encendió la alarma al presentar un pedido de informes en la Legislatura de Río Negro. En él, cuestionó a qué provincia tributa el emprendimiento, quién otorgó los permisos y qué municipio tiene la potestad de administrarlo. "No hay una política turística en Río Negro. Hemos entregado los desarrollos urbanísticos y turísticos del Limay a Neuquén", denunció el legislador.
Frente a las críticas, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, salió a aclarar que el proyecto está dentro del ejido municipal de su ciudad y aseguró que no existen reclamos formales en su contra. "Pueblo Blanco está en jurisdicción de Cipolletti, tiene trámites iniciados y es un desarrollo que está en proceso con la Municipalidad", afirmó.
Según Buteler, el emprendimiento turístico ya estaba en proceso de formalización incluso antes de la pandemia, por lo que consideró que las denuncias responden más a una maniobra política que a una problemática real. "Lo único que escuché es una denuncia contra los desarrolladores, pero no hay registros de pedidos de informes en el municipio", sentenció.
El director de Desarrollo Territorial de Cipolletti, Carlos Rimmele, explicó que el municipio trabaja en la regulación del proyecto y aseguró que cumple con normas ambientales estrictas. "Es un desarrollo basado en la sustentabilidad. No se permite el contacto con la fauna local, no se pueden llevar mascotas y las viviendas deben estar despegadas del suelo para minimizar el impacto", detalló.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia es el acceso al lugar. Aunque las autoridades aseguran que el ingreso es público, se cobra estacionamiento en un sector determinado, lo que generó críticas sobre la privatización del espacio costero.
El emprendimiento también cuenta con regulaciones peculiares, como la limitación de solo dos árboles por lote, debido a la alta radiación solar en la zona. Además, el tratamiento de aguas servidas se realiza mediante biodigestores para evitar contaminación del suelo.
Pese a la polémica, Pueblo Blanco ya cuenta con 80 parcelas vendidas de las 500 proyectadas, marcando un crecimiento significativo en la costa rionegrina del Limay. Desde la Municipalidad de Cipolletti aseguran que su rol es ordenar y reglamentar estos nuevos desarrollos urbanísticos sin perder de vista la protección del medio ambiente.
La disputa sobre la jurisdicción y los permisos podría continuar en el ámbito legislativo, mientras los desarrolladores avanzan con la comercialización de las propiedades. El debate sobre el modelo de urbanización en áreas naturales sigue abierto y deja en evidencia la falta de una estrategia turística clara en la región. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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