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Tras la desvinculación de Ángel Milazzotto de la Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad (APV) a mediados del 2024, en medio de un escándalo de denuncias, la nueva gestión se encuentra nuevamente bajo la lupa de la Justicia. Falta de balances e incompatibilidades, entre las irregularidades más graves.
Los conflictos en el seno de la Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad (APV) parecieran no tener fin. En las últimas horas, se ha presentado una grave denuncia ante Claudio Alberto Aquino, titular de la dirección nacional de Asociaciones Sindicales, que depende del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Mediante la misma, identificada bajo el expediente 2025893175, se exige la inmediata intervención del gremio debido a una serie de irregularidades. La actual comisión directiva de la APV mantiene estrechos vínculos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Según la denuncia, uno de los hechos más alarmantes es que, pese a la renuncia de numerosos afiliados a la APV, sus salarios continuaron sufriendo descuentos sindicales durante varios meses posteriores a su desvinculación, lo que constituye un grave delito.
Asimismo, se señala que la APV ha incumplido su propio estatuto, que estipula que "no podrán pertenecer a la asociación los jefes de división, de departamento, subdirectores y directores". Sin embargo, Martín Abad, actual secretario General Adjunto de la APV, ocupa un cargo jerárquico dentro de la dirección de Vialidad como jefe de Patrimonio, lo que le impide ser afiliado al gremio y, aún más, desempeñar un cargo en su comisión directiva.
En una situación similar se encuentra Gerardo Farías, secretario de Juventud de la APV a pesar de haber dejado atrás la juventud hace ya un largo tiempo, quien actualmente ocupa el cargo de jefe de Departamento B en la ciudad de Saladillo. Su posición jerárquica en Vialidad lo inhabilita tanto para ser afiliado como para ejercer un puesto en la comisión directiva del gremio.
Otro aspecto grave señalado en la denuncia es la falta de presentación de la memoria y balance de la APV, lo que constituye una violación de las obligaciones estatutarias. El último ejercicio financiero, correspondiente al período del 31 de marzo de 2023 al 1 de abril de 2024, debía ser presentado en un plazo máximo de cuatro meses, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
No es la primera vez que la APV se ve envuelta en escándalos. Su titular anterior, Ángel Milazzotto, fue destituido en mayo de 2022 tras ser acusado de gestión fraudulenta de bienes y fondos del gremio, así como de destrato y toma de decisiones arbitrarias sin respaldo de la comisión directiva.
Milazzotto fue apartado de su cargo luego de que se detectaran irregularidades significativas en los movimientos bancarios del gremio. Pese a su renuncia presentada el 5 de julio de 2024, convocó un plenario el lunes siguiente utilizando el sello institucional, lo que generó confusión y tensiones internas.
Las acusaciones contra Milazzotto incluyeron el uso de más de 800 mil pesos en gastos personales para festejos de fin de año y vacaciones en Mar del Plata junto a su familia. También se descubrieron transferencias de más de 400 mil pesos a la cuenta de su esposa, Sandra Verónica Mattioli, en concepto de viáticos, y pagos a su hijo por supuestos servicios prestados a la organización. Además, constituyó un fondo común de inversión sin informar a la comisión directiva, lo que fue considerado una grave inconducta.
Durante la reunión donde se revocó su mandato, se presentaron pruebas documentales e informáticas de estas irregularidades. Además, Milazzotto removió a dos contadores del sindicato que habían advertido sobre sus maniobras irregulares, agravando aún más la situación.
Tras su destitución, Milazzotto denunció persecución política y acusó al gobernador Axel Kicillof y al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, de intervenir en su contra. Asimismo, se le atribuye la manipulación de un expediente relacionado con la incorporación de hijos de trabajadores a la dirección de Vialidad, lo que afectó negativamente a las familias involucradas.
Las constantes irregularidades dentro de la APV han evidenciado una crisis institucional que pone en duda la transparencia y el manejo de los fondos sindicales. La reciente denuncia presentada busca la intervención del gremio para frenar estas prácticas irregulares y garantizar el cumplimiento de sus estatutos y normativas. Mientras tanto, la APV enfrenta una creciente presión para aclarar estas acusaciones y recuperar la confianza de sus afiliados. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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