El escandaloso caso del expresidente de Canal 10 que fue condenado por abusar de su hija pero sigue libre

En Tucumán, la impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de la protección de la infancia. El abogado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y expresidente de Canal 10 de Tucumán, Rodolfo Burgos, condenado a cinco años de prisión por abuso infantil, sigue en libertad. El relato de su víctima y de la madre de esta última, Marina Moris, es la historia de una justicia que mira para otro lado, protegiendo al victimario y revictimizando a quienes buscan amparo en el sistema judicial.

Una condena sin prisión efectiva

"Burgos está libre y siempre estuvo libre", denunció Marina con indignación en diálogo con REALPOLITIK. Su hija, víctima de abuso infantil, sigue sin obtener justicia a pesar de una sentencia condenatoria. La fiscal Marta Jerez de Rivadeneira permitió la dilatación del juicio, que inició el 26 de noviembre de 2024, un día después de lo programado. 

El abogado querellante, Gustavo Morales, habla previo a la sentencia que condenó a cinco años a Burgos.

A pesar de las pruebas contundentes presentadas durante el proceso, incluidas las declaraciones del perito psicólogo Emiliano Gato en la cámara Gesell y la perito del poder judicial, Burgos nunca fue detenido.

Un sistema que protege al victimario

El caso no solo está plagado de irregularidades, sino también de una red de encubrimiento y complicidad. Marina relata que, en medio del proceso, su hija fue víctima de un intento de secuestro por parte de Julieta Miseli, abogada de Burgos. Este hecho ocurrió en la heladería Freddo, ubicada en la calle 25 de Mayo, y fue captado por las cámaras de seguridad del local. "Los testigos que declararon, un cajero y una encargada, confirmaron que una mujer que no era la madre intentaba llevarse a la niña", explicó Marina. Sin embargo, nuevamente, la causa no avanzó y fue archivada.

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Pero, no fue el único episodio de este índole. En julio de 2021, una abogada de nombre María Soledad intentó llevarse a la menor sin una orden judicial. Y en agosto del mismo año, Marina y su hija fueron víctimas de un intento de atropello por parte de un vehículo cuya patente estaba a nombre de Leonor Inés González. "Nos querían matar", afirma con desesperación la madre de la víctima.

La madre de la menor también denunció la violencia institucional ejercida en su contra y en contra de su hija. A pesar de la existencia de una sentencia firme por violencia de género contra Burgos, la jueza Valeria Judith Brandt negó las pericias psicológicas solicitadas por la madre y, en su lugar, ordenó que la víctima y su madre fueran psicoanalizadas, como si la cordura de ambas fuera la cuestión de la investigación. "La justicia se encarga de proteger al violador y revictimizar a la niña y a su madre", sostuvo.

El accionar de la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira también genera dudas sobre su compromiso con la protección de las infancias. Pese a los testimonios y peritajes que confirmaron la existencia del abuso, la fiscal no actuó con la celeridad que el caso requería. La defensoría de Menores solicitó la investigación de los hechos denunciados, pero sus pedidos fueron ignorados.

La protección de Burgos y sus conexiones de poder

Burgos no es un ciudadano común. Es profesor de Derecho Constitucional en la UNT, abogado y apoderado en causas judiciales de alto perfil, entre ellas el escándalo de corrupción conocido como "el robo de la ciudad universitaria". Marina asegura que estas conexiones son las que lo mantienen en libertad. "Lo protegen porque él tapa secretos y actúa como falso querellante en causas multimillonarias", afirmó sin titubear.

La jueza María Celeste del Huerto Silva, quien intervino en la causa tras la salida de la jueza Brandt, continúa obstaculizando la justicia. "Una semana antes de que iniciara el juicio por abuso, ejerció otro hecho de violencia contra nosotras", denunció Marina.

Un caso que refleja la desprotección de la infancia

"Si no hubiera llevado a mi hija a una psicóloga, si ella no hubiera manifestado su dolor a través de su propio cuerpo, tal vez el abuso habría seguido ocurriendo", reflexionó la denunciante con tristeza a este medio. La niña, que comenzó a autolesionarse por los traumas sufridos, fue la que motivó la denuncia. Sin embargo, la psicóloga que la atendió también sufrió hostigamiento por parte de Burgos y debió alejarse del caso por razones de seguridad. 

Marina clama por justicia y por la protección de su hija. "Han metido a una mechera presa por cuatro años por robar un celular, pero un violador de niñas sigue libre. Mi hija tenía tres años cuando comenzó el abuso. A la justicia no le importan los niños", sentencia.

El caso de Rodolfo Burgos no es un hecho aislado, es el reflejo de un sistema judicial que protege a los poderosos y desampara a las víctimas. La lucha de Marina no es solo por su hija, sino por todas las niñas y niños que fueron silenciados por una autopercibida justicia que solo responde a sus propios intereses. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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