Neuquén: Dudas y preocupación conl a declaración jurada de varios funcionarios

Con más de 2.900 declaraciones juradas ya presentadas, el gobernador Rolando Figueroa ha dado un paso firme hacia la transparencia en la gestión pública, logrando que el 73% de los funcionarios de la planta política cumplieran con la Ley 5, que obliga a la presentación de sus bienes patrimoniales. Esta cifra es un avance significativo, considerando que entre 1991 y 2023 solo se habían registrado unas 900 declaraciones.

El decreto firmado por Figueroa a fines de enero establece que todos los funcionarios, magistrados, legisladores y empleados del Ejecutivo deben presentar su declaración patrimonial en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación, con fecha límite el 1 de marzo. El gobernador fue claro en sus intenciones durante la apertura del 54º período de sesiones de la Legislatura, dejando en claro que quienes no entreguen su declaración jurada para el 25 de marzo, quedarán fuera de la gestión.

La Escribana General de Gobierno, Laura Miranda, respaldó el decreto y destacó la importancia de esta ley como una política de Estado. Explicó que, a pesar de ser una legislación de 1958, la Ley 5 tiene un enfoque visionario, alineándose con los estándares de otras entidades de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la ARCA. Esta normativa exige que los funcionarios detallen su patrimonio, el origen de sus bienes y la información sobre sus familiares cercanos.

Miranda subrayó que, en los últimos 32 años, solo se habían registrado 937 declaraciones juradas, mientras que en el último año, bajo la gestión de Figueroa, se presentaron más de 2.900 declaraciones, un avance notable. A pesar de ello, el plazo sigue vigente hasta el 24 de marzo, por lo que se espera que el número final sea aún mayor.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto firmado por el gobernador es que aquellos funcionarios que no presenten su declaración antes de asumir el cargo no podrán ocuparlo, y se les retendrán los haberes en caso de incumplimiento. Además, el Consejo de la Magistratura, que adhirió a la Ley 5 el 21 de febrero, tiene plazo hasta el 8 de abril para cumplir con la misma obligación.

Miranda también detalló que las declaraciones juradas son confidenciales y solo pueden ser abiertas por disposición judicial, por el interesado o por una comisión especial de la Legislatura en caso de investigaciones sobre corrupción o enriquecimiento ilícito. Todos los documentos se archivan de manera definitiva en la Escribanía General de Gobierno, lo que garantiza su protección y custodia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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