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La acusación fue formulada por el fiscal Juan Manuel Narváez en una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial, donde se lo señaló como responsable de maniobras irregulares que perjudicaron gravemente las finanzas provinciales.
Pablo Antonio Ruiz, exdirector de la Casa de las Leyes de Neuquén y hermano de la exvicegobernadora destituida Gloria Ruiz, fue acusado por el delito de peculado tras un desvío de más de $52 millones de fondos públicos. La acusación fue formulada por el fiscal Juan Manuel Narváez en una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial, donde se lo señaló como responsable de maniobras irregulares que perjudicaron gravemente las finanzas provinciales.
Según la investigación, Ruiz desvió fondos públicos desde su ingreso al cargo en diciembre de 2023, bajo la Resolución 547 firmada por su hermana. Entre enero y agosto de 2024, Ruiz recibió transferencias directas desde la cuenta de la Honorable Legislatura del Neuquén en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) a su cuenta personal, alcanzando un total de $34.719.194. Cuando el banco alertó sobre la irregularidad de estas transferencias, el imputado cambió el mecanismo de recepción de los fondos, comenzando a recibir cheques al portador que, aunque destinados a financiar programas de la Casa de las Leyes, eran cobrados por personal autorizado y entregados en efectivo a Ruiz. A través de este sistema, se desvió otro monto de $19.975.564.
El fiscal también señaló que Ruiz utilizó estos fondos para constituir tres plazos fijos en octubre y noviembre de 2024, por un total de $51 millones, lo que eleva el perjuicio económico a $52.798.459,10.
Como medida cautelar, se ordenó el embargo del plazo fijo de $42 millones, cuyo valor incrementará con los intereses, y su depósito en una cuenta judicial con renovación mensual. Además, se dispuso la inhibición general de bienes de Ruiz, y se notificó a entidades registrales y bancarias para evitar la disposición de su patrimonio.
Estas medidas fueron respaldadas por la Fiscalía de Estado, representada por Gustavo Kohon, y aprobadas por el juez de garantías Lucas Yancarelli. La acusación y las medidas cautelares buscan asegurar la recuperación de los fondos desviados y evitar la insolvencia del imputado.
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