Por primera vez, llevan a tribunales denuncia de acoso y abuso en la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Una denuncia judicial presentada en Paraná sacude a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y expone una serie de prácticas que parecen más propias de una organización mafiosa que de una fuerza de seguridad del estado. La oficial Silvina Andrea Dechanzi, numeraria de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOSP) en Entre Ríos, acusó formalmente al jefe de la unidad, el subinspector Hernán Arrieta, por coacción agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violencia institucional con perspectiva de género.

La presentación, a la que accedió REALPOLITIK, no escatima en detalles: Arrieta habría forzado a Dechanzi a redactar informes bajo amenazas, la habría degradado verbalmente con insultos misóginos, y la habría expuesto públicamente con el objetivo de humillarla y forzar su salida de la institución. Todo esto, enmarcado en un patrón sistemático de persecución y violencia laboral que incluye gritos, amenazas, sanciones infundadas y comentarios degradantes frente a compañeros de trabajo.

“Cállate, maleducada… Ponete a laburar, inútil... No me importa tu jerarquía ni tu formación”, fueron algunas de las frases con las que Arrieta se dirigió a la oficial, según el escrito judicial. El detonante de la situación fue una simple consulta: Dechanzi preguntó por qué había sido removida de su puesto de jefa de turno. La respuesta fue una furiosa agresión verbal por parte del subinspector, quien terminó la discusión azotando la puerta de la oficina con violencia, en presencia de otros oficiales.

Pero lo que podría parecer un episodio aislado, forma parte -según la denunciante- de una política sistemática de acoso, violencia institucional y discriminación dentro de la fuerza, avalada por la cúpula regional. Dechanzi sostiene que Arrieta se jacta de su amistad con el jefe de región y que actúa con impunidad absoluta, incluso para ejecutar venganzas personales. Uno de los motivos de su ensañamiento sería una situación ocurrida en 2016, cuando la oficial fue testigo de un acto violento protagonizado por Arrieta y elevó el hecho a sus superiores. Desde entonces, comenzó lo que ella describe como una campaña para destruir su carrera dentro del organismo que conduce Alfredo Hernán Gallardo.

El expediente judicial también menciona graves irregularidades institucionales, como la impresión de órdenes operativas reservadas en oficinas ajenas a la PSA, en manos de la esposa del propio Arrieta, empleada de Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Cuando Dechanzi se opuso a esta práctica por considerarla una violación a la confidencialidad operativa, las represalias se intensificaron.

El denunciado Hernán Arrieta.

La denuncia invoca, además, las normas internacionales de protección a las mujeres en ámbitos institucionales, como la Convención de Belém do Pará, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la ley 26.485 de violencia contra las mujeres, argumentando que el accionar del subinspector constituye una forma de violencia laboral e institucional basada en género, un delito grave cuando el agresor es, además, funcionario público armado.

La situación expone una vez más la doble vara y el silencio cómplice con el que se maneja gran parte de la estructura jerárquica de las fuerzas de seguridad en la Argentina, hoy bajo el control de la ministra Patricia Bullrich. Mientras el discurso oficial habla de igualdad de género, protección institucional y modernización del sistema, dentro de las oficinas y pasillos de organismos como la PSA, siguen operando castas de jefes que reproducen lógicas feudales y autoritarias.

Hasta el momento, no se conocen sanciones contra el denunciado. El expediente judicial ya se encuentra en manos de la justicia de Entre Ríos. Sin embargo, la denunciante teme por su estabilidad laboral y, sobre todo, por su integridad psicológica y física. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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