Para CONADUV, la Verificación Técnica Vehicular "es un negocio armado para robarle a la gente"

Según Eduardo Bisognin, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no cumple con el objetivo de mejorar la seguridad vial, sino que se trata de "una herramienta de los políticos para recaudar dinero". "Nos la venden como una cuestión de seguridad, pero la realidad es que los accidentes se deben a fallas humanas y al mal estado de las rutas, no al estado de los vehículos", explicó. Además, cuestionó la periodicidad con la que los conductores están obligados a realizarla y aseguró que "no tiene ningún sentido".

El miembro de Comité Nacional en Defensa al Usuario Vial (CONADUV) también hizo referencia a los antecedentes normativos de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires. "En 2006 se sancionó la ley 2265 sin ninguna estadística seria que relacione la VTV con los accidentes. Luego, en 2011, se avanzó con la licitación a través de la ley 4111, impulsada por Cristian Ritondo. Se aprobó a las apuradas, tres días antes de que cambiara la composición de la Legislatura y con legisladores que votaban por última vez", denunció.

Según Bisognin, la licitación estuvo plagada de irregularidades y fue diseñada para favorecer a empresas extranjeras en perjuicio de las nacionales. "En 2013, la empresa argentina Bertrans denunció que la licitación exigía requisitos exagerados e innecesarios para que solo pudieran acceder empresas extranjeras. Entre ellas estaban Applus y Tübé Argentina, que supuestamente compitieron entre sí, pero fueron creadas el mismo día, con contratos sociales con números de CUIT consecutivos. Es decir, eran empresas 'competidoras' que podían pertenecer al mismo grupo económico", advirtió.

En su análisis, también apuntó contra el modelo de concesión de la VTV y el negocio detras de ella: "En la ley nacional de Tránsito está previsto que los talleres particulares puedan hacer estos controles, pero en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires eso no se aplica. Solo se conceden a determinadas empresas. Y lo más grave es que el precio de la VTV lo fija el gobierno, o sea, las empresas no compiten por tarifas sino por otros acuerdos", sostuvo.

Finalmente, Bisognin señaló que el cobro de la VTV no solo representa un beneficio para el estado, sino también para "los amigos del poder". "El gobierno cobra un canon por otorgar la licencia, ingresos brutos, IVA, ganancias y hasta distribuye una parte a los municipios. En definitiva, la VTV es un gran negocio de la política para recaudar dinero y hacer caja", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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