Polémica en Pilar: Juez ordena desalojar vacunatorio y devuelve el predio a empresario investigado

El sorpresivo desalojo de un vacunatorio y dependencias municipales en Pilar generó conmoción este jueves, cuando efectivos de la Prefectura Nacional irrumpieron en el predio del kilómetro 46 de la Panamericana con una orden judicial que disponía su inmediata restitución a un fondo privado vinculado al lavado de dinero del narcotráfico.

La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó finalizar la cesión del predio al Municipio de Pilar y devolverlo a su antiguo dueño, el empresario Mateo Corvo Dolcet. El fondo inmobiliario Pilar Bicentenario, encabezado por Corvo Dolcet, había proyectado un desarrollo urbano en el lugar, pero su ejecución quedó truncada tras la detención del empresario en 2017 por presuntos vínculos con el narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos.

Un predio clave para la comunidad

El edificio desalojado funcionó como un punto neurálgico durante la pandemia de COVID-19, albergando uno de los principales vacunatorios de la región. Además, allí operaban oficinas municipales como el área de renovación de licencias de conducir. La medida judicial dejó paralizados estos servicios, generando preocupación en las autoridades locales y los ciudadanos.

"Nos encontramos con un desalojo inesperado que afecta directamente a la comunidad. En el lugar quedaron vacunas, medicamentos e información sensible de áreas de Salud y registros municipales", indicaron desde el Municipio de Pilar, que expresó su malestar por la decisión judicial.

Vínculos con el narcotráfico

La devolución del predio a Corvo Dolcet reavivó la polémica en torno a su historial judicial. El empresario pilarense fue detenido en 2017 como parte de un operativo internacional contra el lavado de activos del narcotráfico. Según la investigación, habría operado en alianza con Piedrahita Ceballos, un reconocido narcotraficante colombiano, y con la familia del fallecido Pablo Escobar.

De acuerdo con documentos judiciales, Corvo Dolcet habría abonado una suma millonaria a María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Escobar, por haber facilitado su contacto con Piedrahita Ceballos en 2008. Dichos pagos se habrían realizado como parte de acuerdos comerciales que quedaron bajo la lupa de la justicia.

Un fallo cuestionado

La decisión de Martínez de Giorgi llega tras su reincorporación al juzgado luego de una licencia y genera controversia por el impacto social que conlleva. El Municipio de Pilar había declarado el predio de utilidad pública y sujeto a expropiación en el marco de la causa que involucra a Corvo Dolcet, pero la restitución a su antiguo dueño pone en jaque esta medida.

Mientras la comunidad de Pilar asimila el repentino desalojo, las autoridades municipales analizan posibles acciones legales para revertir la decisión y recuperar un espacio que consideran fundamental para la prestación de servicios esenciales.

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