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De toda la colección de audios presentados por la víctima, la fiscalía sólo tomó 16 segundos, en una decisión que indignó a propios y extraños. El mismo fiscal Mauricio Viera fue el que apoyó el procesamiento de Fernando Espinoza y luego, misteriosamente, pidió su sobreseimiento.
La causa por abuso sexual contra el intendente de la municipalidad de La Matanza, Fernando Espinoza, enfrenta nuevas y alarmantes irregularidades que ponen en duda la transparencia del proceso judicial. La querella, encabezada por el abogado de la víctima, Yamil Castro Bianchi, ha solicitado a la Justicia la "descarga integral de todos los audios incorporados en las actuaciones y su correspondiente transcripción", ante la sospechosa decisión de la fiscalía de considerar solo un fragmento de 16 segundos de las pruebas grabadas.
Melody Rakauskas, denunciante en la causa, grabó conversaciones clave que mantuvo tanto con Espinoza como con su círculo íntimo, incluyendo el audio del día del abuso. Sin embargo, de manera inexplicable, el fiscal Mauricio Viera optó por limitar la validez probatoria a un segmento de apenas 16 segundos, dejando fuera del expediente el resto del material.
Ante esta situación, el abogado Castro Bianchi presentó un pedido formal para que se incorporen todas las grabaciones, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y evitar que se desvirtúe el contexto de los hechos denunciados. "Hay mal desempeño como funcionario público y queremos saber qué se esconde detrás", advirtió Rakauskas.
El giro en la posición del fiscal Viera ha despertado sospechas dentro del ámbito judicial y político. En 2024, el mismo fiscal avaló el procesamiento por abuso sexual de Espinoza, adhiriéndose a la resolución de la jueza Fabiana Galletti y reconociendo la existencia de pruebas suficientes para sostener la acusación. No obstante, de manera repentina, ahora solicita el sobreseimiento del intendente.
Este cambio de criterio refuerza las sospechas de la querella sobre la existencia de presiones políticas o irregularidades dentro del proceso. "El fiscal avaló el procesamiento y ahora pide el sobreseimiento. ¿Qué cambió?", cuestionó Rakauskas.
La causa ha estado marcada por diversas maniobras dilatorias y presuntas irregularidades que han favorecido a Espinoza. En diciembre de 2024, pese a la resistencia de la fiscalía, el juez Luis Schlegel ordenó la elevación a juicio oral, lo que significó un avance crucial para la querella. En aquel momento, la Justicia rechazó intentos de nulidad por parte de la defensa del intendente y validó la prueba aportada por la denunciante, incluyendo una memoria Micro SD con grabaciones.
El avance de la causa generó preocupación en el entorno político de Espinoza y del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. En febrero de 2025, se esperaba la fijación de una fecha para el juicio oral, lo que acercaba al intendente al banquillo de los acusados. Sin embargo, los recientes movimientos en la fiscalía parecen haber cambiado el rumbo del caso.
El caso ha puesto bajo la lupa no solo a Espinoza, sino también al sistema judicial y a la red de influencias que podría estar operando para protegerlo. La eliminación de audios clave, el cambio de postura del fiscal y la aparente intención de frenar la elevación a juicio han despertado dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Mientras tanto, la víctima continúa esperando justicia en un contexto de incertidumbre y amenazas. "Confiando en la Justicia, yo entregué todo, incluyendo la computadora con las grabaciones. Ahora resulta que eliminan los audios más importantes", denunció Rakauskas.
La resolución del caso de Fernando Espinoza no solo definirá su futuro judicial y político, sino que también será una prueba de fuego para la credibilidad del sistema judicial argentino. ¿Se permitirá que las maniobras dilatorias y las presiones políticas entorpezcan la búsqueda de justicia, o prevalecerá la transparencia y el derecho de la víctima a ser escuchada en su totalidad?
En los próximos días, la Justicia tendrá la oportunidad de responder a esta pregunta. Por lo pronto, se sabe que tanto la elevación a juicio como la decisión final correrán por cuenta del juez Fernando Mario Caunedo. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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