CELS: "Patricia Bullrich representa el negocio de la seguridad de una manera muy clara"

Manuel Tufró analizó la política de seguridad desplegada desde diciembre de 2023 y destacó que "el gobierno nacional decidió, mediante una resolución ministerial, que cualquier tipo de protesta que implique un obstáculo en la circulación del espacio público sea considerada un delito en flagrancia". Esto, explicó, habilita la intervención directa de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones sin necesidad de orden judicial previa.

"Durante el año pasado vimos episodios represivos de creciente gravedad y escalamiento de la violencia", advirtió. Sin embargo, señaló que en 2024 la violencia estatal se está concentrando especialmente en las marchas de los jubilados, que se realizan cada miércoles. "El episodio del 12 de marzo fue particularmente grave porque se dio en un contexto en el que otros sectores se sumaron para proteger a los jubilados", comentó.

Uno de los momentos más preocupantes de la represión de ese día, según Tufró, fue cuando "un camión hidrante de la policía avanzaba al grito de 'vengan zurdos, vengan'", lo que, a su criterio, evidencia la politización de las fuerzas de seguridad. "Claramente este gobierno no disocia entre la militancia violenta en redes sociales y el propio gobierno. Esas personas que incitan a la violencia forman parte del gobierno, y el propio presidente lanza mensajes de este tipo", denunció.

El director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que "cuando este discurso llega a las fuerzas de seguridad, es particularmente grave porque implica su politización y las transforma en una fuerza facciosa que ataca a quienes piensan diferente o expresan disidencia política". En este sentido, lo comparó con la "doctrina de seguridad nacional" aplicada en décadas pasadas, donde "se inculcaba a las fuerzas armadas y de seguridad la idea de que ciertos sectores debían ser erradicados".

Asimismo, criticó la postura oficialista de justificar la represión. "La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que no iba a investigar nada del operativo del 12 de marzo, a pesar de los hechos gravísimos ocurridos, como la agresión contra el fotógrafo Pablo Grillo". También cuestionó las declaraciones de la diputada Lilia Lemoine, quien minimizó la violencia policial al afirmar que "no se puede hacer un omelet sin romper un par de huevos", y del diputado José Luis Espert, quien acusó a la oposición peronista de ser "históricamente destituyente".

Para Tufró, estas narrativas son utilizadas "para justificar la represión y darle una racionalidad". Y remarcó: "Cuando hay una escalada de violencia como la del 12 de marzo, el gobierno instala la idea de que no se trataba de garantizar la libre circulación, sino de frenar un golpe de Estado en curso. Es una justificación absurda y gravísima porque banaliza el concepto de interrupción del orden constitucional".

También alertó sobre la represión selectiva que implementa el gobierno de Javier Milei. "Hemos visto grandes manifestaciones, como las del 1 de febrero, el 8 de marzo, el 24 de marzo o las marchas por la educación pública, en las que no hubo policía a la vista ni incidentes. En cambio, la violencia se focaliza en protestas contra políticas económicas o protagonizadas por movimientos sociales", concluyó.

"Venimos informando sobre diversas situaciones de represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como las que ocurrieron en Jujuy y Chubut antes de la asunción de Milei. En algunos casos, el proceso judicial interno aún no está agotado, por lo que queda un largo camino para llegar a la Corte Interamericana. Por ejemplo, el caso por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 sigue abierto tras 24 años", explicó.

Sobre el rol de Patricia Bullrich en el gobierno, destacó su fuerte vinculación con el negocio de la seguridad y el punitivismo. "Bullrich representa el negocio en torno a la seguridad de una manera muy clara. Su acercamiento a los servicios de inteligencia de países como Israel y Estados Unidos, así como su vinculación con la compra de armamentos, marcan una línea específica en su gestión", aseguró.

Además, sostuvo que la ministra se apoya en un discurso de "mano dura" que se ha instalado en la sociedad. "La idea de que el delito existe porque nadie ha sido lo suficientemente duro o que el narcotráfico se expande porque las fronteras son un colador es un discurso simplista. Bullrich lo usa para justificar su doctrina de seguridad, donde se parte de la premisa de que las fuerzas de seguridad siempre tienen la razón y cualquier mecanismo de control sobre ellas es un obstáculo a la eficiencia", puntualizó.

En relación con los antecedentes represivos de la ministra, recordó su rol durante el gobierno de Mauricio Macri. "Durante su gestión, hubo una estrategia clara para impedir las protestas frente al Congreso. Esa represión generó una reacción muy fuerte, lo que el gobierno llamó las '14 toneladas de piedras'. Pero también tuvo antecedentes mucho más graves, como los conflictos en la Patagonia, donde empezó a instalar la idea del terrorismo para justificar el despliegue de fuerzas armadas con armas letales. Eso fue lo que ocurrió en Mascardi en 2017, cuando asesinaron a Rafael Nahuel", denunció.

Por último, Tufró hizo referencia a la situación de los jubilados en el contexto económico actual. "La canasta básica para jubilados supera el millón de pesos y la jubilación mínima no cubre ni un tercio de eso. Algunos sobreviven con la ayuda de sus familiares, otros están en una situación de pauperización extrema. La pregunta es hasta cuándo el gobierno cree que pueden aguantar personas viviendo en estas condiciones", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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