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Juan Manuel Granillo Fernández, concejal de La Plata por Unión por la Patria, denunció cómo la administración anterior de Julio Garro alteró el Código de Ordenamiento Urbano vigente para favorecer a ciertos desarrolladores, generando barrios sin convalidación provincial y dejando a la ciudadanía con una inseguridad jurídica y pasivos millonarios.
“Nos enfrentamos a una situación compleja. Teníamos el Código de Ordenamiento Urbano de 2010, aprobado durante la gestión del exintendente Pablo Bruera, el cual definía cómo debía planificarse la ciudad, dónde se podía construir industria, sectores productivos y residenciales. Sin embargo, desde el 2015, la gestión de Julio Garro comenzó a enviar, de forma sistemática y a puerta cerrada, excepciones a ese código”, explicó Juan Manuel Granillo Fernández.
El concejal denunció que estas excepciones se aprobaban en sesiones del Concejo Deliberante de La Plata, generalmente durante la última sesión del año y sin transmisión pública, lo que impedía a la ciudadanía conocer y fiscalizar dichos cambios. “A la par, la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial insistió en que Julio Garro debía presentar un nuevo plan para la ciudad en lugar de acumular excepciones. Al final, se dejó de enviar las ordenanzas para convalidar esos barrios, y hoy tenemos cerca de 400 barrios sin convalidación, lo que afecta directamente a quienes compraron de buena fe y ahora se encuentran con una incertidumbre jurídica”, afirmó.
Granillo Fernández agregó que este modus operandi favoreció la especulación inmobiliaria: “Lo que se hizo fue elevar artificialmente el valor de la tierra. La diferencia entre un terreno que se puede subdividir y uno que no, generó una plusvalía que benefició enormemente a desarrolladores privados. Se estima que el negocio ascendió a cerca de 15 millones de dólares, mientras que el pasivo para llevar infraestructura y servicios a esos barrios se ubica en torno a 700 mil millones de pesos”.
El concejal también puntualizó que este entramado irregular incluyó imputaciones por asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad de instrumento, evidenciando una operatoria que favoreció a actores privados a costa de la seguridad y el desarrollo de la ciudad. “No se trata solo de aquellos que adquirieron terrenos; toda la ciudadanía de La Plata se ve afectada por esta falta de planificación. Estamos hablando de un gran negocio que, en vez de facilitar el acceso a la vivienda, restringe los derechos de los vecinos y crea un escenario de inseguridad jurídica”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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