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Eduardo Bisognin, miembro del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), fue crítico sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Abordó la relación entre el sistema de verificación vehicular y la seguridad vial, cuestionando tanto su eficacia como los intereses detrás de su implementación.
Según Eduardo Bisognin, el sistema de la VTV se presenta como una medida para mejorar la seguridad vial, pero su efectividad es cuestionada por las estadísticas. "En 2014, sin VTV, hubo 102 muertos en accidentes; en 2016, con la VTV, la cifra subió a 137. Los accidentes no se deben principalmente a fallas técnicas de los vehículos, sino a errores humanos y el mal estado de las rutas", expresó. El entrevistado subrayó que el verdadero problema está en la falta de infraestructura vial adecuada y en la falta de campañas de concientización, en lugar de un sistema obligatorio y monopólico como la VTV.
El origen del sistema de la VTV en la provincia de Buenos Aires remonta a 1995, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando se estableció un contrato monopólico por veinte años. "Cuando aparece la palabra 'monopolio', es porque quieren sacarles plata a los ciudadanos y dársela a amigos cercanos", denunció Bisognin. A pesar de que el estado recauda impuestos de la VTV, el grueso del negocio está en manos de unas pocas empresas favorecidas por el poder político.
En cuanto a la licitación y concesiones de las estaciones de VTV, Bisognin advirtió que el proceso sigue siendo monopolizado. "En la última licitación, en la provincia de Buenos Aires, solo se habilitaron dieciseis lugares para más de 3 millones de vehículos, y siete empresas, las mismas que operan en CABA, se quedan con el control", afirmó. Esto ha generado sospechas sobre la transparencia de los procesos licitatorios.
Uno de los puntos más polémicos que destacó fue el vinculo entre las empresas concesionarias y un grupo de servicios relacionados con el control informático de la VTV. Según denuncias, una empresa, vinculada al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, estaría ofreciendo estos servicios a las concesionarias meses antes de la licitación, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad del proceso.
El alto costo de la verificación vehicular también fue un tema recurrente en la conversación. "En quince meses, el costo de la VTV en Buenos Aires pasó de 9.870 pesos a 63.400, lo que representa un aumento desproporcionado", explicó, señalando que la cifra es aún más alta que en provincias como San Luis, donde el costo es la mitad. Este aumento, según Bisognin, no tiene justificación y evidencia un claro negociado político.
Otro punto crítico fue la inclusión de motos en la obligatoriedad de la VTV. "No tiene sentido hacer que las motos pasen por la VTV. Lo único que importa en una moto es que los frenos funcionen; el casco es lo más importante para la seguridad", aseguró Bisognin.
A pesar de las críticas y denuncias, el gobierno nacional intenta desregular el sistema de la VTV, aunque la propuesta no avanza a nivel provincial. "El decreto del presidente Javier Milei, que busca modificar la frecuencia de la VTV, aún no ha sido aprobado por las legislaturas provinciales. Mientras tanto, el negocio sigue en pie", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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