Río Negro: Cruzan acusaciones por una deuda millonaria que arrastra gestiones municipales

El actual intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, denunció penalmente a la exintendenta Liliana Alvarado por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El motivo: una deuda con la empresa OPS que supera los 2.462 millones de pesos por el uso de su parque vial. Sin embargo, el origen del conflicto se remonta a una gestión anterior, dejando expuestas las tensiones y opacidades que atraviesan a las últimas administraciones municipales.

Según Rossi, el municipio se enteró de la deuda cuando OPS presentó un reclamo administrativo. “Ingresamos y nos encontramos con expedientes incompletos, documentos que faltaban y computadoras vacías de información. No sabíamos nada de este reclamo”, declaró el jefe comunal, del espacio Avancemos.

La acusación apunta a que, pese a que la deuda con OPS se remonta a un contrato firmado en 2015 durante la gestión del entonces intendente Germán Epul (JSRN), Alvarado continuó utilizando las máquinas sin abonar lo adeudado. Desde el entorno de la exintendenta (Frente de Todos), intentaron desligarla de la controversia señalando que la responsabilidad original es de Epul. Además, afirmaron que la denuncia todavía no fue formalizada y, por ahora, Alvarado no hará declaraciones públicas.

Pero la historia tiene más capas. En junio de 2024, Epul y su ex secretario de Obras Públicas, Diego Palacios, enfrentaron un juicio penal por una denuncia presentada por la propia Alvarado. En aquella causa se investigó un presunto direccionamiento en un concurso de precios para adquirir adoquines que nunca se entregaron, generando un daño económico al municipio. Sin embargo, el fiscal decidió retirar la acusación contra Epul y el único condenado fue Palacios.

Así, en medio de denuncias cruzadas y gestiones que se señalan mutuamente, el verdadero perjudicado sigue siendo el municipio de Cinco Saltos, que enfrenta una deuda multimillonaria mientras crece la desconfianza ciudadana hacia una clase política más preocupada por el pase de facturas que por la transparencia en la gestión.

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