Fraude millonario con fondos públicos en Neuquén: Imputan a referentes de la cooperativa “Viento Sur”

La Justicia de Neuquén formuló cargos contra seis integrantes de la cooperativa “Viento Sur” por un presunto fraude al Estado que supera los 1.300 millones de pesos. Tres de ellos fueron imputados como autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que los otros tres fueron señalados como colaboradores en la maniobra delictiva.

La causa, impulsada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez, revela un desvío millonario de fondos públicos que debían destinarse a programas de capacitación laboral para organizaciones sociales, según lo establecido por el decreto 1672/22. En cambio, los fondos habrían sido utilizados para fines personales: inversiones en plazos fijos, pago de sueldos, proveedores y la compra de vehículos e inmuebles en distintas localidades de la provincia.

Entre los bienes adquiridos figuran un terreno en San Martín de los Andes, otro en Junín de los Andes, uno en Cutral Co y otro en la meseta de Neuquén capital. Además, se compraron una camioneta Renault Kangoo 2015, un camión Ford F-250 y una camioneta DFSK C32. Todo financiado, según la investigación, con dinero público que nunca cumplió su finalidad original.

Uno de los principales imputados, identificado como D.A.M, habría ideado toda la maniobra desde su rol como referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), agrupación que protagonizó las movilizaciones que derivaron en la creación del programa de financiamiento estatal. La Fiscalía sostiene que el objetivo fue apropiarse del dinero a través de la cooperativa.

La tesorera de “Viento Sur”, S.E.B, también enfrenta cargos por haber realizado más de 4.000 transferencias por un monto superior a los 553 millones de pesos. En tanto, L.L.V —quien ocupó cargos como vocal, secretaria, presidenta y apoderada de la cooperativa— habría realizado al menos 154 transferencias que totalizan unos 32 millones de pesos.

Los otros tres imputados, identificados por sus iniciales como M.G.S, B.R.V.N y F.G.S, habrían facilitado sus cuentas bancarias para canalizar el dinero, por lo que fueron imputados como partícipes necesarios del delito.

El juez Raúl Aufranc hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para declarar la causa como investigación compleja y otorgó un plazo de un año para avanzar en la recolección de pruebas. Además, dictó el embargo preventivo de bienes y cuentas de la cooperativa y ordenó la inhibición general de bienes para todos los imputados por un período de seis meses.

El escándalo expone una vez más cómo los fondos destinados a los sectores más vulnerables pueden terminar siendo absorbidos por estructuras opacas y dirigencias que lucran con el financiamiento estatal, sin control y sin rendición de cuentas. Mientras tanto, miles de personas siguen esperando las capacitaciones que nunca llegaron. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS