Legislatura de Santa Cruz: La dilación del desafuero de Españón expone grietas políticas

El rechazo del oficialismo a debatir el desafuero del diputado Fernando Españón en la última sesión ordinaria de la Legislatura de Santa Cruz ha generado un fuerte malestar en el bloque opositor de Unión por la Patria, que denuncia una falta de voluntad política para que la justicia actúe con respecto a las graves acusaciones que pesan sobre el legislador oficialista.

El proyecto 007/25, que exige el desafuero de Españón, acusado de abuso sexual y abuso de autoridad, fue nuevamente postergado luego de que la diputada Lorena Ponce solicitara su tratamiento en el recinto. “Para nosotros es sumamente necesario ayudar institucionalmente para que la Justicia llegue a las personas que han sido víctimas de Españón. Por eso pedimos el tratamiento sobre tablas, pero lamentablemente el oficialismo no acompaña y no vemos intenciones de que ocurra en algún momento”, expresó Ponce, visiblemente frustrada por la dilación.

El rechazo del oficialismo a tratar este tema genera más preguntas que respuestas. A pesar de que el propio Españón decidió renunciar a sus fueros parlamentarios, el proyecto de desafuero sigue detenido, lo que profundiza las tensiones entre ambos bloques políticos y subraya una peligrosa falta de acción frente a las demandas de justicia.

Desde el bloque de Unión por la Patria insisten en que no puede seguir dilatándose un tema tan sensible. “Seguimos reclamando voluntad política y acción real por parte del oficialismo. No se puede seguir dilatando la justicia”, señalaron desde las redes sociales de la bancada opositora.

En un contexto en el que las acusaciones son graves y el compromiso institucional debería ser una prioridad, la actitud del oficialismo ante este pedido no solo levanta suspicacias sobre la voluntad de transparencia, sino que también arrastra consigo la credibilidad del sistema político local. La dilación del desafuero no solo afecta la imagen del legislador involucrado, sino que también deja en evidencia la falta de coherencia en la lucha por la justicia, lo cual no solo impacta en las víctimas del caso, sino en la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Este impasse legislativo se convierte, entonces, en un reflejo de una situación de parálisis en la que el miedo a tomar decisiones que incomoden a sectores del oficialismo parece prevalecer sobre el derecho a la justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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