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22 de abril de 2025 | Interior

Expedientes

Tensión en la Legislatura de Santa Cruz por el desafuero de Fernando Españón

A pesar de las denuncias en su contra, el expediente sigue sin recibir un despacho favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales, generando fuertes críticas desde la oposición.

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La tensión continúa en la Legislatura de Santa Cruz ante el estancamiento del pedido de desafuero del diputado Fernando Españón, quien enfrenta serias denuncias por abuso de autoridad y abuso sexual. A pesar de las denuncias en su contra, el expediente sigue sin recibir un despacho favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales, generando fuertes críticas desde la oposición.

El pedido original fue elevado el 19 de febrero por el presidente de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, pero el trámite no ha avanzado desde entonces, a pesar de los reiterados reclamos de legisladores de Unión por la Patria. Además, la situación se complica aún más con la llegada de dos nuevos oficios judiciales (648/25 y 658/25), remitidos por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, que tampoco han sido procesados, lo que, según la oposición, evidencia la dilación intencionada del proceso.

Desde el bloque opositor acusan al oficialismo de intentar obstruir el avance del proceso judicial con maniobras dilatorias. La diputada Lorena Ponce, en particular, denunció la participación del abogado defensor de Españón, Sandro Levín, en las reuniones de la comisión como asesor del bloque oficialista, un hecho que considera éticamente incompatible dado que se trata de un expediente judicial reservado.

Aunque el vicegobernador Fabián Leguizamón había autorizado previamente el desafuero por resolución de presidencia, la renuncia a los fueros presentada por el propio Españón ha generado controversia. La oposición considera que este gesto es inconstitucional, ya que, según el artículo 97 de la Constitución de Santa Cruz, el levantamiento de fueros solo puede resolverse con el voto de dos tercios de los legisladores presentes en un juicio público.

El tema fue incluido en el orden del día el 13 de marzo, pero no se alcanzó un acuerdo político para su tratamiento. Desde entonces, la situación permanece estancada, dependiendo en gran medida de la voluntad del oficialismo, que mantiene la mayoría en la comisión. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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