IOMA incumple una orden judicial y deja sin asistencia a una mujer con discapacidad

María Emilia Cano tiene 36 años, es madre de tres hijos y vive en Ayacucho. Hasta hace dos años, era docente. Pero un accidente doméstico cambió su vida para siempre: sufrió una lesión medular que le provocó cuadriplejia. Desde entonces, cada día representa un nuevo desafío no solo físico y emocional, sino también burocrático.

A raíz de su condición, Emilia tramitó su jubilación por incapacidad y obtuvo el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Entre las necesidades básicas que deben ser garantizadas por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), se encuentra la provisión de una silla de ruedas adaptada a su patología, herramienta imprescindible para su movilidad y su autonomía. Sin embargo, desde mayo de 2023 —cuando inició el trámite— no recibió ni la silla ni una respuesta.

Ante la inacción de la obra social, su abogado presentó un recurso de amparo. La Justicia ordenó a IOMA no solo la entrega de la silla, sino también la autorización de cuidadores para asistirla en su vida diaria. Durante los primeros dos meses, IOMA cumplió: los cuidadores comenzaron a trabajar y cobraron por sus servicios. Luego, sin explicación, dejaron de pagar. Los profesionales, sin salario, no pudieron continuar.

Como parte de su tratamiento, Emilia comenzó una internación domiciliaria para recibir seis sesiones semanales de kinesiología. La empresa tercerizada por IOMA, Medihome, sólo enviaba personal dos veces por semana y apenas por algunos minutos. Aun así, la empresa facturaba a la obra social las seis sesiones completas. Otra irregularidad más que termina por lesionar no sólo la transparencia del sistema, sino también la recuperación física de una mujer que depende de esa atención para mejorar su calidad de vida.

La situación llegó a tal punto que Emilia decidió viajar a Mar del Plata —con todas las dificultades que eso implica para alguien en su condición— para reclamar personalmente ante la delegación de IOMA. Allí no encontró soluciones: se topó con cambios en los criterios de evaluación y nuevos obstáculos administrativos. En diálogo con REALPOLITIK, relató: “Lo que buscan es que uno se canse. Parece increíble que en plena democracia no tengamos posibilidad de elegir nuestra obra social”.

Su caso es uno entre muchos, pero refleja con crudeza las fallas estructurales de un sistema que, lejos de proteger, vulnera a las personas con discapacidad. Lo que para cualquier ciudadano puede ser un trámite engorroso, para Emilia significa una amenaza directa a su salud, a su independencia y a su derecho a vivir con dignidad.

Hoy, más de dos años después del accidente, Emilia sigue esperando lo que le corresponde por ley: una silla, cuidadores, kinesiólogos y respeto. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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