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Vecinos del asentamiento La Isla, ubicado en el barrio San Martín de Jujuy, volvieron a alzar la voz tras casi dos décadas de olvido estatal.
Vecinos del asentamiento La Isla, ubicado en el barrio San Martín de Jujuy, volvieron a alzar la voz tras casi dos décadas de olvido estatal. Pese a que en 2007 la Legislatura provincial expropió los terrenos para ser urbanizados, aseguran que jamás se concretaron las obras básicas prometidas: no hay cloacas, ni agua potable, ni cordones cuneta. Solo hay promesas que se reciclan en cada campaña electoral.
Miriam Flores, una de las habitantes históricas del lugar, relató que la ley 5.555 habilitaba la construcción de viviendas con servicios esenciales en tierras fiscales, pero desde entonces "no se ha hecho absolutamente nada". “Nos usan cada vez que hay elecciones. Vienen, prometen urbanización, pero después desaparecen”, denunció con indignación.
La situación se agravó en 2023, cuando el entonces gobernador Gerardo Morales entregó carpetas de adjudicación a más de 90 familias, supuestamente como avance hacia la regularización de los terrenos. Sin embargo, para los vecinos se trató de una nueva maniobra electoral sin sustento real. “Las carpetas dicen que tenemos un lote, pero esos lotes no existen. Nos dieron papeles vacíos. Es una pantalla”, señaló Flores.
Además, los vecinos aseguran que el centro vecinal está cooptado por el radicalismo, y denuncian la presencia de punteros políticos. “La señora Gisela Vilte está desde 2015 como presidenta del centro vecinal y ni siquiera vive en el barrio. Solo responde a intereses partidarios”, afirmó la referente barrial, visiblemente cansada de la situación.
El colmo, cuenta, fue cuando intentó denunciar estas irregularidades en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y la respuesta fue represiva: “Me mandaron a la policía y me hicieron una contravención. Así es como nos tratan cuando exigimos lo que nos corresponde”.
Mientras los años pasan y las promesas se acumulan como escombros, La Isla sigue sin urbanizarse. Los vecinos exigen que el Estado cumpla con la ley y deje de tratarlos como rehenes electorales. “Queremos vivir dignamente. No somos votos, somos personas”, concluyeron. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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