Contradiciendo la escuela austriaca, Javier Milei interviene el acuerdo paritario de Comercio

Este viernes, la secretaría de Trabajo de la Nación, bajo el ministerio de Capital Humano anunció que no homologará el acuerdo paritario del sector de Comercio, firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales (CAC, CAME y UDECA). Este pacto, que establece un aumento salarial del 5,4 por ciento en tres tramos (1,9 en abril, 1,8 en mayo y 1,7 en junio), fue objetado por la cartera, a cargo de Sandra Pettovello, por superar el tope oficial del 1 por ciento mensual. En su lugar, el gobierno libertario convocará a las partes para renegociar, argumentando "dificultades de orden público e interés general".

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— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) May 9, 2025

Un simple análisis de este accionar expone una total contradicción ideológica en el seno del gobierno de Javier Milei, quien se presenta como fiel defensor de la escuela austriaca, pero adopta medidas que recuerdan más al intervencionismo keynesiano. Porque, claramente, la intervención estatal en un acuerdo voluntario entre privados -entiéndase sindicatos y empresarios– choca de lleno con los principios de la escuela austriaca que Milei dice profesar. 

En detalle, esto se debe a que esta corriente, representada por Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, aboga por la libre determinación de precios, incluidos los salarios, sin injerencia gubernamental. Según los austriacos, los precios surgen de la interacción espontánea entre oferta y demanda, y cualquier intervención distorsiona el mercado, generando ineficiencias. Al bloquear la homologación de la paritaria, Milei no solo contradice esta premisa, sino que asume que los costos salariales determinan los precios.

Como se explicó anteriormente, esta postura de la gestión libertaria refleja un enfoque keynesiano encubierto, donde el estado regula las variables económicas para controlar la inflación. Desde la secretaría de Trabajo sostienen que los aumentos salariales superiores al 1 por ciento mensual alimentan la espiral inflacionaria, lo que implica que los costos (salarios) son el motor de los precios. Sin embargo, la escuela austriaca argumenta lo opuesto: los precios no son un reflejo directo de los costos, sino de las valoraciones subjetivas de los consumidores. Al "pisar" los salarios, Milei no solo interviene en el mercado laboral, sino que debilita el poder adquisitivo de los trabajadores, afectando la demanda y profundizando la recesión.

El ajuste lo sigue pagando el trabajador

Esta decisión agiganta las tensiones con el sindicalismo, especialmente con FAECYS, liderada por Armando Cavalieri, un gremio que representa a, nada más ni nada menos que, 1,2 millones de trabajadores. Estos, ratificaron la vigencia del acuerdo, amparándose en una cláusula que obliga a los empleadores a pagar los aumentos aunque no estén homologados. Apartando el eje de su contradicción ideológica, el mandatario había prometido en campaña minimizar la injerencia estatal, asegurando que habría "paritarias libres", y su negativa a homologar pone en riesgo la estabilidad social, ya que el freno a los aumentos podría derivar en conflictos gremiales.

Otros gremios, como Camioneros y Sanidad, enfrentan trabas similares para materializar acuerdos que superan el tope del irrisorio 1 por ciento. Esta política sistemática de control salarial sugiere que el gobierno prioriza la desaceleración inflacionaria sobre la libertad de mercado, algo que los austriacos rechazarían por considerarla una manipulación artificial de las señales económicas. Al imponer un techo salarial, Milei no solo contradice su ideología, sino que también arriesga una confrontación con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), que ya convocó paros por medidas similares en 2024.

Por último, el argumento del gobierno sobre el "interés general" para justificar la no homologación carece de sustento. Desde esta perspectiva, el interés general se maximiza cuando los individuos actúan libremente en el mercado, no cuando el estado impone restricciones. La negativa a homologar el acuerdo de Comercio, que fue consensuado por las partes, desincentiva la negociación colectiva y erosiona la confianza en las instituciones laborales. Además, al forzar una renegociación, el gobierno asume un rol dirigencial, decidiendo qué salarios son "aceptables" bajo su poco objetiva y e imparcial apreciación. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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