Escándalo en Santa Cruz: La Justicia intima a la Legislatura por el silencio en el caso Españón

La Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Gallegos encendió una nueva alarma en Santa Cruz al intimar oficialmente a la Legislatura provincial a que se pronuncie de forma urgente sobre el pedido de desafuero del diputado Fernando Españón, acusado por múltiples hechos de abuso sexual, laboral y de autoridad.

La resolución judicial apunta directamente al cuerpo legislativo que preside Fabián Leguizamón, quien hasta ahora ha evitado pronunciarse, generando una fuerte tensión institucional y política en el recinto. Españón, legislador del bloque oficialista Por Santa Cruz, enfrenta graves cargos que van desde abuso sexual coactivo hasta desobediencia e impedimento al ejercicio de funciones públicas.

“Ante el tiempo transcurrido y la necesidad de definir el camino procesal a seguir”, indica la resolución judicial, el Tribunal exige una respuesta inmediata al oficio enviado el 19 de febrero, en el que se solicitaba a la Legislatura que avance con el tratamiento del desafuero en el marco del artículo 181 del Código Procesal Penal.

El expediente judicial revela una serie de denuncias acumuladas: tres causas abiertas, incluyendo acusaciones de abuso de autoridad y abuso sexual en contexto de dependencia jerárquica. A pesar de la gravedad de los cargos, el silencio legislativo continúa, blindando de facto al diputado investigado.

El clima en la Legislatura no es el mejor. Las diferencias internas entre Leguizamón y parte del bloque oficialista, donde conviven figuras como el exministro Pedro Luxen —hombre de confianza del gobernador Claudio Vidal—, complican aún más el tratamiento del caso.

Desde la Cámara, además, se advierte que no corresponde interpelar a los magistrados judiciales, en respuesta a maniobras políticas que buscarían desacreditar el accionar de la Justicia.

Mientras tanto, la falta de definiciones por parte del poder legislativo deja en evidencia una preocupante pasividad frente a delitos de altísima sensibilidad social. En medio de las tensiones y el juego político, lo que sigue en suspenso es el acceso real a la justicia para las presuntas víctimas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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