Salta suma controles psicológicos a aspirantes de las Fuerzas de Seguridad

En medio de crecientes cuestionamientos sobre el accionar policial y penitenciario en el país, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta anunció la firma de un convenio con el Colegio Profesional de Psicólogos local para evaluar psicológicamente a los futuros integrantes de la Policía y el Servicio Penitenciario. La medida, celebrada como un avance por el oficialismo, también deja al descubierto una preocupante omisión previa: ¿cuántos ingresaron hasta ahora sin ese filtro fundamental?

El acuerdo fue rubricado por el ministro Gaspar Solá Usandivaras y la presidenta del Colegio de Psicólogos, Gisele Pedersen, y contempla el trabajo conjunto con las áreas de Psicosocial de ambas fuerzas en la evaluación de aptitud psicológica, personalidad y perfil de los aspirantes, con el objetivo de unificar criterios y elevar los estándares de ingreso.

La iniciativa también prevé la realización de talleres de formación y prevención sobre salud mental, manejo del estrés y gestión emocional, aspectos que históricamente han sido minimizados en las fuerzas de seguridad. “Es clave la formación y la contención al personal, lo que redundará en beneficio de la comunidad”, sostuvo el ministro Solá Usandivaras durante la presentación.

Sin embargo, la medida también genera interrogantes. ¿Por qué recién ahora se avanza en este tipo de evaluaciones cuando el acceso a cargos armados implica una enorme responsabilidad sobre la vida y la integridad de terceros? La ausencia previa de un filtro psicológico profesional en el ingreso parece haber sido la norma y no la excepción.

El convenio, impulsado desde la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario a cargo de Nelly Giménez, es interpretado como un intento de mostrar sensibilidad institucional ante una sociedad cada vez más crítica del uso abusivo de la fuerza y del estado de salud mental de quienes la ejercen.

Por parte del Colegio, también participó la vicepresidenta Silvia Arias, quien remarcó la importancia de establecer “un marco ético y profesional que resguarde tanto al futuro efectivo como a la comunidad”.

La firma del acuerdo puede representar un punto de inflexión hacia una mayor profesionalización de las fuerzas, pero también exige una revisión seria de las políticas previas y del impacto que la falta de controles psicológicos sistemáticos pudo haber tenido en casos de violencia institucional o negligencia en el accionar operativo. Como toda medida celebrada por su potencial, será el tiempo —y la aplicación concreta— lo que determine si este paso será apenas simbólico o realmente transformador. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS