Encubrimiento: El crimen que golpea al Partido Justicialista de Córdoba

La causa por el asesinato de Joel Ruiz, un joven trabajador golondrina peón de albañil, quedó atrapada entre intereses políticos, pactos de silencio judiciales y maniobras para proteger a dirigentes del Partido Justicialista (PJ) cordobés. A más de tres años del crimen, la fiscal no cambia la calificación legal y desoye pruebas clave. La familia denuncia amenazas, encubrimiento y un entramado de complicidades que alcanza hasta la intendencia local.

“Lo mataron a palos, lo filmaron, se supo todo, y sin embargo siguen diciendo que fue un accidente”, denuncia Mariela Escudero, abogada querellante, y Ramón Ruíz, padre del Joel, en la causa que investiga la muerte del joven que apareció sin vida tras haber sido brutalmente golpeado en las inmediaciones de un campo de la zona de Los Cerrillos, donde trabajaba, cerca de Villa Dolores. La causa, sin embargo, continúa caratulada como homicidio culposo, y la fiscal Lucrecia Zambrana -de la fiscalía de Primera Nominación de esa localidad– se niega a modificar la calificación, a pesar de las pruebas y testimonios presentados.

Detrás del expediente judicial se esconde una verdadera olla a presión de poder político, pactos territoriales y complicidades institucionales. En el centro de la escena aparece la familia Vargas, vinculada al oficialismo provincial. Según el testimonio de la querella, uno de los hijos y el hermano del exintendente José Alberto “Chapino” Vargas –un peso pesado del peronismo cordobés– habría participado directamente en la golpiza que terminó con la vida de Joel. A su vez, otro de los implicados, Lucas, fue presentado como un supuesto testigo falso que intentó hacerse pasar por el joven que aparece en el video del crimen.

Actualmente el exintendente José Alberto “Chapino” Vargas se encuentra preso.

El video en cuestión, que circuló en redes sociales y fue incorporado a la causa, muestra con crudeza lo que habría sido la  golpiza sufrida por Joel Ruiz. Un testigo clave reconoció públicamente haber capturado el material desde un estado de WhatsApp y presentó su declaración ante la fiscalía. No obstante, la fiscal Zambrana nunca lo incorporó debidamente a la investigación ni ordenó pericias fundamentales, como la comparación de voces.

Una testigo presencial silenciada

Una joven llamada Melis, testigo directa del hecho, declaró haber estado presente durante la golpiza a Joel, pero su testimonio fue ignorado. “No toman en cuenta su declaración, la dejan ahí parada, como si no hubiera dicho nada, sin argumentos. Acusaron a la abogada querellante como de haber instigado al falso testimonio a Melis, es decir acusan de estar ‘preparada’ la declaración, cuando ni siquiera la conocíamos, sólo nos contactó por videollamada preocupada por lo que había visto”, explicó Escudero. La joven fue evaluada por una psiquiatra y se presentó voluntariamente.

Una fiscal que no investiga, un poder que protege

La fiscal Zambrana no sólo se negó a cambiar la carátula del expediente, sino que ignora sistemáticamente los pedidos de pronto despacho y de intervención urgente presentados por la querella. En uno de los escritos presentados, se pide expresamente que se realice una pericia de comparación de voces entre el video del hecho y audios del propio Joel Ruiz, pericia que podría realizarse en la Policía Federal. Pero no hubo respuesta.

Mariela Escudero, abogada querellante, y Ramón Ruíz, padre del Joel.

Según denuncian familiares y abogados, la fiscal actúa bajo presión política y trabaja para el poder político a quien le debe favores, y no es la primera vez: “Hay muchas causas en su fiscalía que duermen el sueño de los justos. Nadie hace nada. Hay una impunidad estructural”.

La interna política detrás del crimen

El caso de Joel Ruiz estalló también en el terreno de la interna política de la provincia que conduce el dirigente peronista Martín Llaryora. El exintendente “Chapino” Vargas, cuyo entorno está implicado directamente en el crimen, fue detenido por otro caso de violencia, luego de que la actual intendenta –su exesposa, también del espacio K– decidiera correrlo del juego.

“Lo bajaron porque se quiso cortar solo, no porque les importara lo que le pasó a Joel. Hay una pelea por tierras, por un camino que conecta Córdoba con La Rioja, y ahí se están sacando los ojos entre varios políticos”, afirma la querella. El campo donde ocurrió el crimen se presume que pertenece a un socio de Vargas y González, otro personaje central en el territorio que está imputado por haber atropellado y matado a una mujer, y dejar a una niña en silla de ruedas. Actualmente, González se encuentra detenido por una causa federal por malversación de fondos públicos, aunque sigue teniendo influencia en Villa Dolores gracias a sus contactos políticos.

La fiscal Lucrecia Zambrana (Foto: La Voz).

Justicia bloqueada

A pesar de todos los indicios y pedidos formales, la fiscal Zambrana sigue manteniendo la calificación de "homicidio culposo", lo que implica que la muerte de Joel fue un accidente, no un asesinato. “No toman declaraciones a testigos claves, no citan al dueño del campo, no se investiga nada. La causa está bloqueada”, explican desde la querella.

El padre de Joel, querellante particular, también ha elevado escritos y pruebas sin obtener respuesta. Las amenazas a testigos, la falta de intervención de otros fiscales y la complicidad de todo un aparato judicial y político hacen que el caso sea, hasta ahora, una herida abierta para la familia y un escándalo tapado para la opinión pública.

“Esto es político. Lo de Joel no fue un hecho aislado. Fue un crimen y está siendo encubierto por el poder”, sentencia Escudero. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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