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El abogado Adrián Ganino, exdirector nacional de Defensa del Consumidor, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el fuerte incremento del endeudamiento de las familias argentinas, el fenómeno de la “deuda circular” y un proyecto de ley para abordar esta problemática desde una perspectiva administrativa.
“El sobreendeudamiento no es nuevo. Ya en 2022, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Universidad Nacional de San Martín con el ministerio de Desarrollo Social estimaba que entre el 38 y el 40 por ciento de las familias estaban endeudadas. Hoy, esa cifra se acerca al 90 por ciento”, advirtió Adrián Ganino.
En ese marco, explicó que esta situación se agravó con las medidas del gobierno de Javier Milei. “La desregulación del mercado, la devaluación inicial del 30 al 35 por ciento y la falta de actualización de los salarios frente a la inflación profundizaron el problema”, detalló.
Ganino alertó sobre un fenómeno cada vez más frecuente: el de la deuda circular. “Es cuando una persona toma un préstamo para pagar otro, y luego necesita un tercero para cubrir el anterior. Esto genera una cadena de deudas que se vuelve insostenible porque el salario no alcanza para cubrir las cuotas”, explicó.
Además, cuestionó la falta de educación financiera en el país. “Existe la fantasía de que el crédito es una extensión del salario, pero no lo es. Muchos terminan endeudándose para cubrir consumos básicos como alimentos, no para viajar o darse gustos. Es una herramienta de subsistencia que termina en un callejón sin salida”, lamentó.
En este sentido, el especialista presentó una iniciativa legislativa para frenar esta espiral de endeudamiento. “Estamos trabajando en un proyecto de ley que ingresará próximamente en la provincia de Buenos Aires. La idea es que las oficinas de Defensa del Consumidor tengan la facultad de intervenir cuando un consumidor esté sobreendeudado, y que durante 90 días se suspendan los juicios ejecutivos”, adelantó.
Durante ese plazo, se buscaría negociar con los acreedores en un ámbito administrativo para redefinir la deuda según la capacidad de pago del consumidor. “No le sirve a nadie que se inicie un juicio contra alguien que no tiene capacidad económica ni bienes registrables. Tampoco al sistema financiero, porque pierde un cliente y no recupera nada”, sostuvo.
Ganino también apuntó contra las entidades crediticias: “Hay que hablar de préstamos responsables. Muchas veces se otorgan créditos sin analizar la situación económica del solicitante. El sistema debe hacerse cargo de eso”.
Finalmente, concluyó: “La solución no es judicializar. Necesitamos un sistema ágil que permita quitas, reconsideraciones de intereses y planes de pago realistas. Lo contrario solo agrava la exclusión y la pobreza”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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