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4 de junio de 2025 | Interior

Preocupación

Emergencia en Discapacidad: Jujuy se suma al grito nacional contra el abandono estatal

En respuesta, un grupo de profesionales autoconvocados impulsó una jornada de protesta con paro total y movilización, exigiendo al Estado respuestas concretas.

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Con un contundente paro de prestadores y una multitudinaria marcha en Plaza Belgrano, la provincia de Jujuy se plegó al reclamo nacional para que el Congreso de la Nación declare la Emergencia en Discapacidad, en un contexto de crisis profunda que afecta tanto a las personas con discapacidad como a los profesionales que las acompañan.

El conflicto en el sector no es nuevo, pero se agravó en las últimas semanas: pagos atrasados, prestaciones reducidas, demoras administrativas y la falta de financiamiento real han generado una parálisis de los servicios en varios puntos del país, y Jujuy no fue la excepción. En respuesta, un grupo de profesionales autoconvocados impulsó una jornada de protesta con paro total y movilización, exigiendo al Estado respuestas concretas.

La licenciada Camila Gutiérrez, psicopedagoga del Centro del Huerto de Palpalá, explicó en declaraciones radiales que la lucha no es solo sectorial, sino profundamente social: “Se están vulnerando derechos fundamentales. No estamos hablando de asistencialismo, como dice el Gobierno, sino de garantizar derechos ganados en salud, educación, inclusión laboral y acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin trabas burocráticas”.

Durante la movilización, los profesionales entregaron un petitorio a legisladores nacionales, incluyendo al diputado Alejandro Vilca y a la diputada Natalia Sarapura, quienes se comprometieron a llevarlo al recinto. La expectativa estaba puesta en que, este miércoles, el Congreso tratara la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“El frío no impidió que cientos de familias nos acompañaran. Es una lucha colectiva, porque la discapacidad no es un problema privado, sino una responsabilidad del Estado”, remarcó Gutiérrez, advirtiendo además sobre la posibilidad de que, incluso si se aprueba, la ley pueda ser vetada por sectores que rechazan su financiamiento.

La sanción de esta norma implicaría una regularización urgente de las deudas con los prestadores, la no reducción de terapias esenciales y el acceso real a prestaciones sin recortes ni dilaciones, cuestiones que hoy condicionan drásticamente la vida de miles de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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