La Compañía de Seguros de Jujuy: Otro experimento político bajo sospecha y con sanción nacional

Desde su creación en 2022, la Compañía de Seguros de Jujuy ha sido cuestionada por sectores de la oposición y organizaciones civiles, que la señalan como un nuevo negocio impulsado desde el poder político local, beneficiando a exfuncionarios, allegados y familiares del exgobernador Gerardo Morales.

Aunque su actividad data de 2015 como un apéndice del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), fue recién con la sanción de la Ley N°6291 del 30 de junio de 2022 que se formalizó su escisión y se constituyó como Sociedad del Estado, con un directorio propio y designaciones a dedo por parte del Ejecutivo provincial.

Directorio con sello radical y vínculos familiares

El actual presidente es Carlos Rodolfo Grosso, vocal del ISJ desde 2020, designado por decreto durante la gestión Morales. La Gerencia General está en manos de Juan Pablo Román Carniellis, con antecedentes en la desaparecida Gerencia de Seguros Generales.

Sin embargo, lo que más ha despertado suspicacias es la composición política del directorio. Lo integran nombres cercanos al poder como Luciano Rivas, exdiputado radical y actual vicepresidente, y Ángela Patricia Reyna, exesposa del secretario Freddy Morales y excuñada del exgobernador. Reyna asumió como directora titular luego de renunciar a su cargo como coordinadora de Relaciones Municipales en la Gobernación.

Nueva avanzada oficialista: más cargos, menos controles

Este jueves 5 de junio, la Legislatura provincial debatirá un nuevo proyecto enviado por el Ejecutivo que busca modificar la actual estructura de la compañía, separándola formalmente del directorio del ISJ y permitiendo la creación de nuevos cargos políticos.

“Se pretende crear más puestos de funcionarios, sin transparentar las designaciones ni los criterios de elección. Esto pone en riesgo los fondos públicos y consolida un modelo de empresa estatal sin control”, advirtió el diputado Gastón Remy.

Sanción de Nación y afiliaciones forzadas

La compañía ya fue sancionada por la Superintendencia de Seguros de la Nación por no presentar a tiempo los estados contables, lo que derivó en una inhibición de bienes, un hecho grave que pone en duda la seriedad de su gestión financiera.

Para agravar el cuadro, se denunció que antes de ser constituida legalmente, la empresa comenzó a operar en el territorio ofreciendo servicios a municipios sin aval legal y presionando a empleados estatales a suscribirse obligatoriamente, violando la normativa vigente y generando un clima de coerción.

Entre negocios opacos y estructuras paralelas

Con un historial de designaciones cruzadas, sanciones regulatorias y proyectos que buscan multiplicar los cargos en el aparato estatal, la Compañía de Seguros de Jujuy se transforma en un símbolo de cómo el Estado provincial ha sido usado como plataforma de construcción política y beneficio propio por parte de un sector del radicalismo local.

Lo que resta saber es si, ante este escenario, la Legislatura actuará como caja de resonancia del oficialismo o si habrá un verdadero control institucional para frenar el avance de estructuras paralelas con fines más políticos que sociales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS