¿Qué hacemos con Cristina?

En la madrugada del domingo, un operativo de seguridad liderado por la Policía Metropolitana de Buenos Aires desalojó el acampe desplegado en la intersección de las calles San José y Humberto Primo por los manifestantes que apoyaban a Cristina Fernández de Kirchner desde el momento en que se conoció la condena. El operativo incluyó  algunas escenas de violencia acotada y una publicación en la cuenta de X de la fuerza policial en la que se anunciaba la liberación de la zona. No duró demasiado: apenas un rato después los simpatizantes de la exvicepresidente volvieron a ocupar el lugar, y Cristina salió varias veces al balcón de su domicilio de San Juan 1111 para saludarlos.

Unas horas antes, en la mañana del sábado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió en una entrevista radiofónica que su posición personal era que Cristina debía ser beneficiada con la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su condición de mayor de setenta años y exvicepresidente de la Nación, además de cuestiones de orden público, aunque dejó en claro que el gobierno no intentaría involucrarse en una decisión que correspondía al poder judicial.

Ambos hechos reflejan con claridad las dos posiciones preponderantes dentro del oficialismo, el establishment y la derecha argentina: Cristina presa sin domiciliaria, con una detención que incluya escenas de escarnio, es el escenario preferido por el macrismo, el poder económico liderado por Clarín y Techint y Patricia Bullrich y sus mandantes. También lo es el de los mercados, siempre y cuando pueda garantizarse el orden social. El problema es que el gobierno no puede asegurarlo, y ha sido un convidado de piedra en la resolución de una larga disputa en la que no se le permitió ser más que un espectador, habida cuenta su nula influencia sobre el arco judicial. Aunque en la práctica libertarios y kirchneristas vienen trabajando conjuntamente en la agenda legislativa, Santiago Caputo pretende “despegarlo” de la trama, aunque reclamando el mérito falaz de que Javier Milei fue el presidente en cuya gestión Cristina fue presa, sumando así a la domesticación de la inflación su exitosa lucha contra la corrupción. De ahí la intervención mediática de Francos.

El temor a que la situación se desmadre en caso de concretarse una marcha multitudinaria de acompañamiento a la exvicepresidente a su entrega en los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles causa urticaria dentro de un gobierno nacional que parece desaparecido de la escena política desde hace diez días. Javier Milei pasea por el mundo sin razón oficial alguna, prácticamente al margen del desenlace del affaire Cristina, y ya ha sido advertido en las páginas de Clarín de que no debe involucrarse en la cuestión, a riesgo de ser el próximo condenado. Pese a eso, la tensión en la derecha subsiste y alcanza alto voltaje. Por lo pronto ya han conseguido victimizar a Cristina sin quererlo, han propiciado un acercamiento de las diversas tribus del panperonismo que desde hace años no paraban de confrontar, y han conseguido que decenas de intendentes de todo el país, gobernadores, movimientos sociales y gremios hayan anunciado públicamente su participación activa en la marcha, incluso disponiendo medidas de fuerza sindicales. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), por su parte, señaló que no convocaría a un paro, pero que activaría su capacidad de movilización en caso de que se le negara la reclusión domiciliaria. En síntesis, en lugar de conseguir la demonización definitiva de la exvicepresidente terminaron empoderándola, con su domicilio como templo de referencia de una especie de religión civil que reconoce en el local del Partido Justicialista (PJ) su centro operativo.

Mirando los hechos con raciocinio desapasionado, cabría preguntarse si una decisión tan polémica como la que adoptó la Corte Suprema en tiempo récord podría haber generado otro resultado. El camino adoptado, bajo la presión de los plazos electorales, fortaleció en cambio la interpretación sobre la proscripción y lawfare, a punto tal que, si bien más de la mitad de los argentinos la considera culpable, un 42 por ciento no duda de su inocencia. Una nueva grieta que nada contribuye a consolidar la convivencia democrática.

El gobierno nacional, aliado del kirchnerismo, y algunos sectores de la Justicia, prefieren la asignación de prisión domiciliaria y el cumplimiento de los trámites administrativos de manera virtual, para evitar el desplazamiento físico de Cristina e impedir una marcha que se presume como multitudinaria. Para la paz social sería la solución más madura, pero no parece ser la posición de los sectores de la derecha más extrema. Mucho menos pueden aceptar las imágenes de una Cristina sonriente, en el balcón de su departamento, exhibiéndose ante sus seguidores y tuiteando con generosidad sus críticas sobre los “tres monigotes” de la Corte Suprema, sus mandantes y sobre un gobierno que estaría conduciendo a la Argentina a un nuevo salto al vacío, repitiendo recetas económicas que demostraron sus consecuencias, desde José Alfredo Martínez de Hoz hasta acá.

Para la ministra Patricia Bullrich y para muchos de los ultras, una movilización masiva con aplicación de su protocolo anti-piquetes generaría las condiciones adecuadas para una batalla campal de consecuencias impredecibles. Para la gobernabilidad de la sociedad y para la vigencia de la convivencia democrática eso tendría consecuencias letales. Para los más sobrios, “Cristina lo hizo de nuevo”, ya ganó aunque a costa de la pérdida de su libertad formal y su exclusión definitiva de la vida institucional, a punto tal que la confrontación entre el cristinismo y el kicillofismo se procrastinó, aunque sus fundamentos subsistan.

Este martes será determinante para el futuro de los argentinos. Si la Justicia se expide por la opción más racional y concede la domiciliaria, el clima seguirá enrarecido pero la tensión no llevará la sangre al río. Si, en cambio, se imponen los sectores más radicalizados, probablemente se desate un escenario de caos y violencia desmañada. Cuál de las alternativas se impondrá es un interrogante que signará el futuro del país. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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