Presentan demanda judicial contra el ciberpatrullaje de Javier Milei y Patricia Bullrich

El expediente, caratulado "Bassano, Mario Marcelo c/ Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y otro s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad", quedó registrado bajo el número 9919/2025 y tramita bajo las normas del juicio ordinario. El “otro” demandado en la causa corresponde al ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, autora de la polémica resolución publicada este martes en el Boletín Oficial.

“Hemos metido la primera acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, que corre bajo el artículo 322 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion (CPCCN), contra esta barbaridad que pretende hacer el gobierno de controlar las redes sin intervención judicial. Directamente esto es un disparate. Hemos tomado rápida intervención”, afirmó Mario Bassano. La causa ya fue sorteada y está en manos del juez Santiago Martín, a la espera de un pedido de medida cautelar para frenar los efectos del decreto.

Bassano advirtió que “esta medida de Bullrich y Javier Milei va directamente contra los jueces” y representa una violación flagrante del artículo 18 de la constitución nacional, que garantiza que ninguna persona puede ser privada de su libertad ni sometida a requisa sin una orden judicial. “Nosotros no tenemos una constitución como la de Estados Unidos. La Policía no puede andar revisando casas ni redes sociales porque le parece”, alertó.

El decreto de la polémica

La resolución firmada por Javier Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich habilita a la Policía Federal a actuar “sin necesidad de autorización judicial” en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras plataformas digitales. Además, permite requisas personales y de vehículos sin orden judicial, en casos donde se “presuma” que pueden estar vinculados a un delito.

El decreto asegura que se actuará respetando la “libertad de expresión” y la “protección de datos personales”, pero los antecedentes del uso de estas herramientas durante la anterior gestión de Bullrich, como el caso de Nicolás Lucero, despiertan serias alarmas entre especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos.

La avanzada autoritaria

Desde el oficialismo justifican la reforma de la Policía Federal como parte de un plan para “modernizar” la fuerza, alineándola a prácticas del FBI estadounidense. Pero el decreto también reformula escalafones, habilita detenciones de hasta diez horas sin orden judicial y autoriza intervenciones policiales “espontáneas” en supuestos delitos flagrantes, a pedido del ministerio de Seguridad.

La causa podría demorar unos días en resolverse, pero ya está en marcha. Se trata de la primera ofensiva judicial concreta contra el nuevo régimen de vigilancia libertario. La democracia, una vez más, se juega en los tribunales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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