Según la CPM, "la reforma de la Policía Federal es inconstitucional y atenta contra la democracia"

“La reforma del estatuto de la Policía Federal Argentina no profesionaliza ni moderniza a la fuerza, como se anunció, sino que refuerza una lógica de control social y territorial”, sostuvo Roberto Cipriano. El dirigente explicó que, si bien el estatuto actual data de 1958 y efectivamente requería una actualización, la modificación actual “no apunta a generar una policía federal capaz de investigar delitos complejos, como se había planteado, sino que fortalece atribuciones propias de una fuerza de seguridad destinada a reprimir la protesta y vigilar a los sectores más vulnerables”.

En este sentido, denunció que se están otorgando facultades para demorar personas, hacer cacheos callejeros sin orden judicial y realizar ciberpatrullajes que, según el secretario, ya se han traducido en inteligencia ilegal. “Esto no es nuevo, pero en lugar de acotarlo, lo están institucionalizando y profundizando”, alertó.

Asimismo, Cipriano remarcó que estas prácticas afectan directamente a derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. “Lo que estamos viendo es un avance claro hacia el autoritarismo. El protocolo antipiquetes, la represión selectiva a periodistas y el control de los medios de comunicación críticos son parte de una misma lógica”, advirtió.

Desde su mirada, la reforma también vulnera el marco legal establecido tras la vuelta a la democracia, especialmente la ley de Seguridad Interior. “El gobierno pretende justificar esta modificación con la declaración de una supuesta emergencia administrativa, pero lo cierto es que la emergencia en seguridad no fue aprobada por el Congreso de la Nación Argentina. Hay una ‘trampa’ legal que utiliza un DNU para avanzar sobre facultades que requieren una ley”, explicó.

Además, Cipriano mostró preocupación por el involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. “Se están borrando las fronteras entre la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, y eso es peligroso. La experiencia argentina en este sentido debería servirnos de advertencia”, sostuvo.

En relación al rol de los gobernadores, afirmó que tienen la potestad de rechazar la intervención de fuerzas federales en sus territorios, ya que según la ley, solo pueden hacerlo a pedido expreso del mandatario provincial y en situaciones de extrema gravedad. “Sin embargo, el gobierno nacional ya ha intervenido en territorio bonaerense sin ese consentimiento, como ocurrió en Puente Pueyrredón y Puente Saavedra”, denunció.

Consultado sobre las acciones judiciales, Cipriano expresó su desconfianza hacia el rol del Poder Judicial. “No está actuando como un contrapeso del Ejecutivo. Hemos presentado más de 40 denuncias por violaciones a los derechos en el marco del protocolo antipiquetes, y prácticamente ninguna avanzó”, aseguró.

Finalmente, subrayó: “Estamos en un momento clave. Estas reformas no buscan proteger la vida o los derechos de la ciudadanía, sino restringirlos. El autoritarismo no aparece de un día para otro, se construye paso a paso, y lo que estamos viendo es un camino que puede desembocar en algo mucho más grave si no se frena a tiempo”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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