El drama oculto de los institutos de menores de Axel Kicillof

El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, que conduce Andrés "Cuervo" Larroque, atraviesa una profunda crisis que pone en riesgo tanto a trabajadores como a menores alojados en los institutos de régimen cerrado.

Centros como el instituto Araoz Alfaro y su anexo Progreso viven una situación de colapso. A diario se registran motines, intentos de fuga, toma de rehenes y hechos de violencia extrema. Para colmo, según denunciaron trabajadores del sistema a este medio, los edificios no cuentan con matafuegos operativos ni sistemas de mitigación de incendios, las canillas no funcionan, no hay médicos de guardia, ni simulacros de emergencia. La calefacción y los baños están rotos, y los internos no tienen elementos de higiene ni mantas para soportar el frío invernal.

Los asistentes sociales, encargados del cuidado diario de los menores, denuncian que el pago que reciben es el más bajo de toda la administración pública bonaerense. Las horas extras, además de estar mal pagas, se abonan con meses de retraso, y muchas veces los trabajadores son “castigados” con traslados forzosos cuando reclaman el cobro o denuncian las malas condiciones laborales.

Uno de los casos más graves ocurrió recientemente en el centro de menores Alfaro I, donde un directivo, FB, sufrió un golpe en el ojo durante un motín, con riesgo de pérdida de visión. Al día siguiente, en otro episodio violento en el instituto Progreso, el asistente FQ fue atacado con una faca por uno de los internos, casi perdiendo los dedos de la mano derecha. Aún se encuentra en tratamiento para intentar recuperar la movilidad.

Trabajadores y fuentes internas compartieron con REALPOLITIK una serie de videos que muestran el nivel de descontrol y violencia que reina en los institutos. En uno de ellos se ven a agentes trasladando de urgencia tanto a trabajadores heridos como a menores internados. "Esto pasa todos los días", afirman. Y agregan que los directivos de línea "tapan todo" porque cobran sueldos suculentos —entre 3 y 4 millones de pesos— y no quieren perder sus cargos.

En el centro de Malvinas Argentinas, la situación también es insostenible: ya renunciaron 40 asistentes por la violencia constante, la falta de formación adecuada y la precariedad estructural. “Solo nos dan cursos teóricos sobre leyes. Cuando entrás a trabajar, te encontrás con otra realidad y te querés ir corriendo”, dijo una asistente recién ingresada.

La política mete la mano

A todo esto se suma el escándalo por los nombramientos políticos. En los últimos días, el director provincial del OPNyA, Martín Pérez González, echó al histórico director del instituto Almafuerte, Carlos Robledo —con más de una década en el cargo— y lo reemplazó a dedo por su cuñado, Julio Trepó. En paralelo, removió también al abogado Mariano Martínez, que dirigía el instituto Ibarra desde hacía ocho años, y lo sustituyó con su amigo personal, Martín Everley. Todos los nuevos nombramientos tendrían antecedentes por maltrato a menores, según denuncian trabajadores del organismo.

"Las designaciones son para ocultar las denuncias y proteger a los amigos", relatan fuentes del OPNyA. "El sistema está podrido. Las horas extras las cobran los amigos de los directivos, que después no se presentan a trabajar pero les giran una parte del dinero a los jefes", denuncian.

Un sistema a la deriva

En la última convocatoria laboral, de ochenta postulantes apenas quedaron doce, y aún no cobraron su primer sueldo. Tampoco saben si cobrarán el aguinaldo o recibirán un bono compensatorio. La desconfianza, el abandono estatal y la persecución interna tienen al sistema al borde del colapso.

Por motivos legales, no se pueden publicar las imágenes que contienen a menores, pero los testimonios y registros internos hablan por sí solos. La crisis del sistema de niñez y adolescencia en el gobierno de Axel Kicillof, lejos de solucionarse, se profundiza día a día. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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