Fernando Moreira invirtió 1.000 millones de pesos en una empresa que se llamó a concurso preventivo

El intendente de General San Martín, Fernando Moreira, fue sancionado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires con una multa de 1.900.000 pesos por irregularidades en la administración de fondos públicos durante el ejercicio 2023. La resolución, fechada el 27 de marzo de 2025, deja en evidencia maniobras administrativas que violan normas legales y reglamentarias, y que incluso podrían derivar en un expediente especial por posibles responsabilidades adicionales.

La sanción surge de las observaciones registradas en los considerandos Quinto (apartados a y b) y Sexto (apartados a y b) del informe final del organismo de control. Las faltas incluyen delegaciones de firma indebidas, pagos sin respaldo normativo, órdenes de pago sin la firma del intendente y montos que exceden los límites permitidos por ley.

Uno de los casos más graves fue el pago de más de 19 millones de pesos a una empresa privada sin la firma obligatoria del jefe comunal, lo que contradice el artículo 190 de la ley Orgánica de las Municipalidades. Además, se detectaron inversiones públicas realizadas en entidades no habilitadas por el Banco Central de la República Argentina, como Créditos al Río SA, una firma categorizada como proveedor no financiero de crédito, lo cual está expresamente prohibido por las normativas vigentes.

Un municipio con descontrol financiero

Las colocaciones financieras por 1.000 millones de pesos fuera de la banca oficial y sin planificación clara generaron otra de las sanciones aplicadas por el tribunal. Los funcionarios de la municipalidad de General San Martín involucrados -además de Moreira— son el secretario de Economía, Oscar Di Lena, el tesorero municipal, Miguel Ángel Appezzatto, la contadora municipal, Bibiana Adamo, y el exfuncionario Daniel Fabio Montanari, quien recibió una amonestación.

El fallo también advierte sobre discrepancias entre los plazos de inversión, los intereses pactados y la documentación contable, lo que abre sospechas sobre la transparencia de la gestión financiera del municipio. A raíz de esto, se ordenó la apertura de un expediente especial, cuyo resultado podría derivar en nuevas responsabilidades para los funcionarios ya sancionados.

Sanción firme y advertencia de nuevas responsabilidades

La resolución fue firmada por unanimidad por los vocales del Tribunal de Cuentas y su presidente, Federico Thea. El artículo tercero del dictamen establece que los funcionarios sancionados tienen 90 días para abonar las multas en la cuenta fiscal del tribunal, bajo apercibimiento legal. Además, el expediente especial aún en curso implica que no quedan exentos de responsabilidad hasta tanto no haya un pronunciamiento definitivo.

La multa impuesta a Moreira, socio de Gabriel Katopodis, no solo representa un llamado de atención institucional, sino que pone en evidencia una gestión cuestionada por el uso discrecional de fondos públicos, el incumplimiento de normativas esenciales y la falta de controles internos eficaces en la municipalidad de San Martín.

Fernando Moreira, intendente de la municipalidad de General San Martín.

La firma que recibió fondos públicos de San Martín está en concurso preventivo

Como si todo lo anterior fuera poco, la empresa Créditos al Río SA es dirigida por Pedro Luis Viggiano (presidente y director titular) y Marisa Elizabeth Rothar (directora suplente), quien ha tenido experiencia ocupando cargos públicos durante el kirchnerismo.

Pero además, la compañía que eligió el municipio de San Martín para colocar 1.000 millones de pesos fuera de la banca oficial, fue recientemente autorizada por la Justicia para ingresar en concurso preventivo. La firma está directamente vinculada a la cuestionada Fintech Wenance, protagonista de múltiples escándalos financieros. Ambas sociedades, catalogadas como “proveedores no financieros de crédito”, no están habilitadas por el Banco Central para captar ahorro público.

 

La decisión de invertir fondos públicos en esta firma, que hoy enfrenta el reclamo de múltiples acreedores e incluso sospechas judiciales por fideicomisos “vacíos” e irregulares, pone aún más en entredicho la administración de Moreira. La Justicia deberá ahora determinar no solo las responsabilidades patrimoniales, sino también el alcance penal y político de estas decisiones. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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