Martín Llaryora endurece su postura frente a Javier Milei con un fuerte aumento a jubilados

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un aumento del 84,21 por ciento en el haber mínimo jubilatorio provincial, que pasará de 380 mil a 700 mil pesos mensuales, además de un bono bimestral de 100 mil pesos para quienes cobren hasta 1.300.000 pesos. La medida se financia con parte de un adelanto de 60.000 millones de pesos que la Nación comenzó a transferir luego de un acuerdo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la deuda con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. 

“Córdoba ha recibido parcialmente esos fondos. Y cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, sostuvo Llaryora en un mensaje grabado. El mandatario explicó que la decisión busca garantizar un piso de 700 mil pesos para todos los jubilados provinciales, en lo que constituye no solo una medida económica, sino también una señal política directa al gobierno nacional.

CÓRDOBA TENDRÁ UNO DE LOS HABERES MÍNIMOS JUBILATORIOS MÁS ALTO DEL PAÍS Y UN BONO PARA LOS JUBILADOS QUE MENOS GANAN.

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Anunciamos un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales.

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— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 27, 2025

El enfrentamiento entre Córdoba y la administración libertaria tiene como eje el financiamiento del sistema previsional provincial, que no fue transferido a Nación en 1996. La ley nacional 27.260 obliga al estado a compensar a las cajas no transferidas, pero esa asistencia se suspendió formalmente en diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei asumió el poder. Desde entonces, el gobierno cordobés realizó gestiones ante ANSES y el ministerio de Economía de Argentina, sin resultados, hasta que finalmente acudió a la Corte Suprema.

El anuncio de Llaryora se produce en paralelo a la discusión en el Congreso sobre un proyecto que propone mejorar las jubilaciones, establecer una nueva moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad, iniciativa respaldada por gobernadores e impulsada por la oposición, pero resistida por el oficialismo.

La postura del gobierno nacional

Durante su visita a La Rural, el presidente Javier Milei se refirió al sistema jubilatorio argentino y lo definió como “quebrado”. En un tono enfático, explicó: “Hay 1,4 aportantes por cada jubilado, y así el sistema está quebrado”, dejando en claro que su diagnóstico parte de un desequilibrio estructural heredado que —según él— hace inviables reformas expansivas.

En ese sentido, Milei reiteró su defensa del ajuste fiscal y advirtió que no está dispuesto a ceder: “No hay posibilidad de baja de impuestos sin tener un superávit fiscal sostenido. Este concepto no solo es importante que lo internalice la sociedad, sino principalmente la dirigencia política”.

Además, lanzó una advertencia directa al Congreso de la Nación Argentina: “Vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar al país a la bancarrota y a la pobreza”, en alusión al proyecto opositor para recomponer los haberes jubilatorios. El mandatario dejó claro que su prioridad es sostener el superávit fiscal como “ancla” del plan económico.

Una grieta previsional

El contraste entre ambas posturas es evidente: mientras Milei considera inviable el sistema actual y rechaza cualquier expansión del gasto previsional, Llaryora decidió usar recursos nacionales para mejorar los haberes mínimos en su provincia, desafiando así el enfoque ortodoxo del gobierno nacional.

“He tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba gane menos de 700 mil pesos, lo que prácticamente duplica el pago mínimo actual”, enfatizó el mandatario cordobés, en un gesto que también busca posicionarse como un actor de peso frente al creciente descontento social por el ajuste. La tensión entre Córdoba y la Nación es, al mismo tiempo, una disputa técnica por fondos y una pelea política por el rumbo del país: mientras Milei impone la austeridad, los gobernadores buscan respuestas para una demanda social que no se detiene. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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