Denuncia: Un negocio de 78 millones de dólares vuelve a vincular a Santiago Caputo y Leonardo Scatturice

Una denuncia penal ingresó durante las últimas horas al Juzgado Federal Nro. 6 con el número de expediente CFP 3088/2025. El escrito apunta directamente contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo, el exinterventor de Educ.ar Eduardo González, y los empresarios Leonardo Scatturice (OCP Tech) y Miguel Ángel Marsili (Cisco Argentina), entre otros. El documento sostiene que los acusados diseñaron un esquema de contratación directa “irregular y monopólica” para renovar licencias de tecnología escolar por un monto de casi 78,7 millones de dólares, cuatro veces superior al valor estimado del mercado.

La acusación se ampara en una serie de documentos y antecedentes contractuales que, según la entidad denunciante, prueban una “violación sistemática de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y abuso de autoridad”. También invoca la ley de Víctimas 27.372 y el Código Penal en sus artículos sobre asociación ilícita y delitos contra la administración pública.

El centro de la controversia es la adjudicación directa a OCP Tech Argentina, una empresa que, en 2017, figuraba con rubros tan disímiles como la reparación de autos y motos. Hoy, según la denuncia, se alzó con uno de los contratos tecnológicos más cuantiosos del sistema educativo nacional: la renovación de 223.828 licencias Cisco Meraki por tres años, destinadas a brindar conectividad a más de 50 mil establecimientos escolares del país.

La maniobra, que según la denuncia elude los mecanismos de control del estado, se sustentó en una carta de Cisco Systems Argentina, que designó a OCP Tech como “único canal autorizado” para la venta de sus productos en el país. Esa carta habría sido la llave para justificar la exclusividad, pese a que en el expediente administrativo figuran al menos otras dos propuestas competidoras (Dinatech y DTE SA).

Pero el documento judicial va más allá: sostiene que no solo se omitieron ofertas más económicas, sino que se ocultaron presupuestos alternativos a los funcionarios evaluadores, se impuso una cláusula de confidencialidad en el convenio con la secretaría de Educación de Argentina y se desoyó la posibilidad de abrir una licitación pública. Todo ello, bajo el pretexto de evitar un “apagón tecnológico” en las escuelas por la dependencia del sistema Cisco Meraki, cuya renovación se volvió indispensable.

Leonardo Scatturice y Donald Trump.

Como prueba clave, se cita un informe técnico de la Universidad Tecnológica Nacional que desaconseja el cambio de proveedor, alegando que implicaría costos adicionales, riesgos operativos y demoras logísticas. Sin embargo, la denuncia interpreta esa conclusión como parte del andamiaje justificatorio de un negocio preacordado.

Además, se destaca que OCP Tech SA mantiene más de 260 contrataciones con el estado en distintos rubros, lo que, a criterio del denunciante, confirma su inserción estructural como “proveedor favorito” de diversos organismos oficiales.

La denuncia culmina solicitando al juez federal no solo la imputación de los funcionarios involucrados, sino también el eventual pedido de juicio político contra Guillermo Francos, en caso de que se corrobore su participación activa.

Por último, la iniciativa pide que se cite como testigo a la periodista Camila Dolabjian, de La Nación, cuyo artículo sobre el tema habría motivado la redacción de la denuncia.

La causa recién comienza, pero ya promete tensar los hilos más sensibles del poder ejecutivo: los contratos públicos, la opacidad administrativa y las relaciones entre funcionarios y empresarios en tiempos de ajuste. La lupa judicial se posa ahora sobre uno de los pilares del plan de digitalización escolar del gobierno de Javier Milei. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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