"La Municipalidad de La Plata hizo inteligencia ilegal contra feriantes en la gestión de Julio Garro"

En primer lugar, explicó que la denominada “mesa judicial” que se originó a partir de la reunión en el Banco Provincia “terminó siendo cerrada por falta de elementos” y que incluso “se inició una investigación para ver cómo se accedió a esa información”.

No obstante, remarcó que existió una causa vinculada con ese esquema: “En el caso de los feriantes de La Plata se actuó con la misma metodología: servicios de inteligencia, Policía Federal, el ejecutivo municipal y agentes judiciales trabajando de forma claramente ilegal”. Según detalló, esa operatoria derivó “en la privación de libertad por cinco años de cuatro personas, que sufrieron torturas acreditadas”.

Ignacio Fernández Camillo señaló que el origen de la causa fue una denuncia del propio municipio, en 2018, por supuestos cobros para ocupar espacios públicos. Sin embargo, los feriantes tenían una asociación civil debidamente constituida, con estatuto, contadora y abogada, y habían conseguido una medida cautelar para poder trabajar. “El mismo día que se dictó la cautelar allanaron sus casas, los detuvieron y al día siguiente desalojaron la feria con caballería provincial”, denunció.

En cuanto a la investigación por inteligencia ilegal, indicó que “el municipio estuvo haciendo seguimiento de personas, yendo a sus casas y usando las cámaras de monitoreo para investigar, algo que no le compete y que viola la ley de Inteligencia Nacional”. Para el letrado, “los tres responsables concretos son Julio César Garro, Darío Ganduglia y Fernando Padován”.

Consultado sobre el funcionamiento del Poder Judicial, Fernández Camillo fue contundente: “Funciona muy mal, de forma desastrosa, y es reconocido por los propios funcionarios del sistema”. En ese sentido, afirmó que “en estos casos de causas armadas hay un manejo político claro, una irregularidad y una ilegalidad muy patente”.

Por último, analizó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y la posibilidad de revertir su condena e inhabilitación perpetua. Recordó que la Corte Suprema inhabilitó la vía legal en el país y que “queda la instancia del sistema interamericano de derechos humanos, que maneja plazos largos, de dos años o más”. En relación a la proporcionalidad de la pena, cuestionó que “la inhabilitación perpetua no guarda relación con los parámetros habituales, que suelen ser el doble del máximo de condena” y sostuvo que, a su entender, “es una causa injusta, armada y sin pruebas”. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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