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La gestión del intendente Andrés Watson tildó de “parcial y malicioso” un informe de REALPOLITIK sobre su gestión, pero fallos de las ejecuciones presupuestarias 2020, 2021, 2022 y 2023 confirman un patrón de irregularidades y multas millonarias que desmienten el relato oficial.
La municipalidad de Florencio Varela acusó a REALPOLITIK de haber publicado información “parcial, maliciosa y arbitraria” en la nota del 16 de septiembre sobre las irregularidades detectadas en la rendición de cuentas 2020. Según el descargo de la gestión de Andrés Watson, las sanciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires (HTC) responderían a meras “cuestiones formales”, sin perjuicio al erario público, y ya habrían sido subsanadas.
La realidad, sin embargo, es muy distinta. Documentos oficiales del HTC correspondientes no solo al ejercicio 2020, sino también a los de 2021, 2022 y 2023, demuestran que el intendente Andrés Watson y su equipo incurrieron en una cadena de irregularidades financieras, administrativas y presupuestarias que se repite año tras año. Muy lejos de ser “errores menores”, estas prácticas significaron multas millonarias, sanciones a funcionarios clave y un daño directo al patrimonio de los varelenses.
El HTC detectó depósitos no registrados, cuentas paralelas con movimientos millonarios, contrataciones irregulares y, sobre todo, la constitución ilegal de plazos fijos en el Banco Galicia. La normativa provincial obliga a operar exclusivamente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La maniobra, prohibida expresamente por ley, abre un abanico de dudas sobre posibles favores cruzados.
Lejos de ser “anecdóticas”, las sanciones alcanzaron no solo al intendente Watson, multado con una cifra simbólica de 55 mil pesos, sino también a su secretaria de Hacienda, tesoreros y contadores.
Un año después, el HTC volvió a exponer el mismo esquema de desprolijidad. El municipio acumuló multas por incumplimientos reiterados, confirmando un patrón de negligencia.
- Irregularidades detectadas: rendiciones inconsistentes, subejecución y sobreejecución de partidas, contrataciones sin transparencia y ausencia de controles internos.
- Impacto económico: cada multa representó dinero de los contribuyentes perdido en cubrir los errores de funcionarios.
- Responsabilidad política: el jefe comunal, como máxima autoridad ejecutiva, no corrigió el rumbo, sino que permitió y encubrió las prácticas que terminaron costándole caro al municipio.
El informe del HTC sobre 2022 fue aún más severo:
- Contrataciones sin respaldo documental.
- Movimientos presupuestarios ejecutados sin autorización.
- Falta de comprobantes en gastos municipales.
- Incumplimientos de plazos y procedimientos legales.
Las multas aplicadas a funcionarios de primera línea confirmaron que no se trataba de un contexto “extraordinario” por la pandemia, como adujo el municipio, sino de un método de gestión sistemático y discrecional.
Las consecuencias fueron claras: menos recursos para salud, educación e infraestructura, y más dinero dilapidado en cubrir sanciones y juicios evitables.
El último fallo disponible, correspondiente al ejercicio 2023, terminó de derribar el relato oficial.
- Multas millonarias: Watson fue sancionado con 900 mil pesos; su secretaria de Hacienda, Gisella Primus, con 600 mil; la contadora Mónica Ponce con 800 mil; el tesorero Eduardo Tellechea con 700 mil, entre otros.
- Plazos fijos en Banco Galicia: por hasta 240 millones, en contravención directa a la normativa, despertando nuevamente suspicacias sobre favores recibidos.
- Contrataciones irregulares con CICOMSA SA: más de 292 mil por internet en plazas y 200 mil por telefonía para Guardia Comunal y Defensa Civil, sin pruebas de que fueran precios competitivos.
- Deficiencias en el control del personal: inconsistencias en la planta de cargos, observación reiterada año tras año.
- Modificaciones presupuestarias irregulares: dictadas a destiempo y fuera de normativa.
El propio Watson, en sus descargos, reconoció que algunas observaciones recién fueron corregidas en 2024, lo que confirma la demora y negligencia en la subsanación de irregularidades.
El comunicado de la gestión de Andrés Watson afirma impunemente que “no hubo perjuicio al erario público”, lo cual resulta, a todas luces, falso. Los fallos del HTC muestran exactamente lo contrario:
- Cargos solidarios a funcionarios por más de 460 mil en 2023.
- Multas millonarias acumuladas entre 2020 y 2023.
- Recursos mal utilizados en bancos privados y contrataciones poco transparentes.
Cada peso mal administrado es dinero que se resta de obras, servicios y programas para los vecinos.
La respuesta oficial del municipio no resiste la prueba de los documentos. Los fallos del Tribunal de Cuentas entre 2020 y 2023 exhiben un modus operandi repetido y agravado: manejo opaco de fondos, contrataciones irregulares, depósitos ilegales en bancos privados y un intendente que, lejos de garantizar transparencia, es el principal responsable político y administrativo de estas irregularidades.
Acusar de “malicia” a un medio que publica información oficial es un intento burdo de tapar el sol con las manos. La única verdad incontrastable es la que surge de los fallos del Tribunal de Cuentas, y esa verdad es lapidaria: la gestión Watson ha sido sancionada, multada y observada por irregularidades millonarias, año tras año, con consecuencias concretas para el erario público y para los vecinos de Florencio Varela. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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