Piden quitarle la tobillera electrónica a uno de los acusados en la causa Revolución Federal

El pedido fue presentado ante el juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, quien en febrero de 2024 había ordenado la colocación de la tobillera electrónica a Gastón Ángel Guerra, por pedido de la querella representada por Cristina Fernández de Kirchner. Según la resolución vigente, el imputado tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación Argentina, del Instituto Patria y del domicilio de la ex presidenta y sus familiares.

En el escrito, presentado hoy, José Lucas Magioncalda, abogado de Guerra, sostiene que la medida “carece de razonabilidad” y que “se transformó en una sanción inadmisible para una persona que aún goza del estado de inocencia”. “El dispositivo electrónico colocado en su pierna no es una medida de seguridad —señala el texto—. Lejos de ello, luce como una sanción anticipada y estigmatizante, que conspira contra su progreso personal y contra el de su familia”.

“Una innecesaria protección para quienes han gozado de custodia estatal”

En un párrafo particularmente fuerte, Magioncalda plantea que la tobillera “fue colocada a fin de brindar una innecesaria protección para quienes, durante décadas, han gozado de custodia estatal solventada por todos los contribuyentes”, en alusión directa a la custodia permanente que mantiene Cristina Fernández de Kirchner.

El abogado además destaca que la ex presidenta “cumple sentencia recluida en su domicilio, debidamente custodiada, por lo que no se advierte la necesidad de monitorear los movimientos de mi defendido, una persona en estado de inocencia, a los efectos de evitar situaciones de supuesto peligro para la citada rea”.

La expresión “citada rea” —inusual en escritos judiciales contemporáneos— no pasa desapercibida en el escrito, ya que implica una abierta referencia a la condición de condenada de la ex mandataria.

Un “laburante” con tobillera

El planteo del defensor se apoya también en la situación económica y social de Guerra. Según el texto, el imputado “mantiene junto a su pareja un pequeño kiosco familiar” y, en ocasiones, trabaja como chofer por aplicación. Sus ingresos, según detalló Magioncalda, “no llegan al millón de pesos mensuales y se encuentran en franco descenso”.

El abogado insiste en que su cliente “no ha logrado conseguir empleo formal porque el dispositivo electrónico no es del agrado de sus posibles empleadores”, lo que —a su criterio— convierte la medida en un obstáculo directo para su derecho al trabajo.

“Nos encontramos ante un humilde y honesto trabajador, un verdadero laburante, cercenado en su desarrollo personal y familiar”, escribe Magioncalda, quien además subraya la “particular y elevada concepción ética” de su defendido, “poco frecuente en estos tiempos”, y sostiene que Guerra “se niega a recibir ayuda del estado porque entiende que debe ser destinada a ciudadanos físicamente desaventajados”.

De la protesta al repliegue

El abogado también remarca que Guerra “ha dejado de asistir a convocatorias y manifestaciones con fines políticos” y que “hoy solo se dedica a su trabajo y a su familia”. Y recuerda que en su momento “participó en manifestaciones públicas de carácter político como una vía de expresión de la profunda frustración que le ocasionaba el hecho de no poder ofrecer sustento a su familia”, pero que “ya no tiene interés en participar en protestas callejeras”.

El letrado concluye que “el principio de razonabilidad de la medida brilla por su ausencia” y que la tobillera constituye “una sanción anticipada incompatible con el estado de inocencia”.

El momento en que intentaron asesinar a CFK.

La causa “Revolución Federal”

Guerra está imputado junto a otros miembros del espacio denominado Revolución Federal, en una causa que investiga la presunta violación del artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes integren agrupaciones destinadas a imponer sus ideas “por la fuerza o el temor”.

La querella encabezada por Cristina Fernández de Kirchner ha intentado vincular a los acusados con el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022, cuando un hombre apuntó con un arma a la entonces vicepresidenta en la puerta de su departamento de Recoleta.

Pese a ello, hasta el momento, no se ha probado una conexión directa entre los imputados y el ataque, y varios de ellos se encuentran excarcelados bajo medidas restrictivas, entre ellas, la colocación de tobillera electrónica. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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