Graves inconsistencias en los resultados de las últimas elecciones

La ciudadanía participó democráticamente en los comicios de renovación parcial legislativa celebrados el pasado 26 de octubre, como lo hace desde 1983, con la confianza en la transparencia y seguridad del proceso electoral. Sin embargo, los resultados difundidos generaron sorpresa y preocupación.

A partir de las 21.00 comenzaron a conocerse los primeros datos provisorios. De manera apresurada -y contrariando lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral (CNE)- la dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del ministerio del Interior y de la jefatura de Gabinete, hoy en manos de la polémica María Luz Alegría Landívar, difundió guarismos globales a nivel nacional, en lugar de hacerlo provincia por provincia, como establece la normativa.

Esa información oficial preliminar indicó que los votos habrían favorecido ampliamente al espacio político del gobierno nacional. No obstante, el escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia Federal con competencia electoral, comenzó a mostrar discrepancias significativas con aquellos resultados. En algunos casos, las adjudicaciones de bancas de diputados y senadores nacionales no coinciden con las cifras comunicadas por el propio presidente de la Nación, Javier Milei, la noche de la elección.

Asimismo, se detectó un incremento inusual de votos en blanco, que en algunos distritos alcanza hasta un 9 por ciento de diferencia entre las categorías de diputados y senadores.

Un ejemplo emblemático es el de la provincia de Río Negro, donde el oficialismo no solo obtuvo menos votos de los informados inicialmente, sino que además consiguió una sola banca de senador, y no dos como se había anunciado. Situaciones similares se repiten en otras provincias, departamentos y municipios, según surge del avance del escrutinio oficial.

A ello se suman denuncias de irregularidades durante la jornada electoral, que algunos observadores califican como prácticas cercanas al fraude electoral, una figura repudiada y que parecía desterrada de la historia democrática reciente.

La política y la ciudadanía en general, sorprendida por los hechos aquí resumidos, espera una respuesta clara y satisfactoria de parte de los organismos responsables: la Cámara Nacional Electoral, las juntas electorales nacionales de las veinticuatro jurisdicciones, la jefatura de Gabinete, el ministerio del Interior y la propia dirección Nacional Electoral (DINE).

Cabe recordar que dentro de la DINE funciona un órgano consultivo, integrado por los partidos políticos y alianzas electorales participantes, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre las inconsistencias detectadas.

Mapa electoral.

En el ámbito de la Justicia Electoral Federal, también cumple un rol relevante el programa de “Acompañamiento Cívico”, creado por la acordada 128 de la CNE del 13 de octubre de 2011. Este mecanismo, que actúa como observador y auditor del proceso electoral, desde la convocatoria hasta la proclamación de los electos, está integrado por numerosas organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas se destacan: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), Poder Ciudadano, Observatorio de Estudios Electorales y Políticas Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Asociación por los Derechos Civiles, Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Transparencia Electoral de América Latina, defensorías del Pueblo de Bariloche, Río Negro y Zapala, Grupo de Investigación de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), observatorios de Derecho Electoral de la UBA y de Rosario, Asociación Civil Libertaria Argentina, Centro de Estudios Federales y Electorales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Potencia Argentina, entre otras. Ninguna de estas entidades se ha expedido hasta el momento.

Si bien los plazos para la presentación de los informes finales suelen extenderse, la gravedad y trascendencia institucional de los hechos ameritan una respuesta inmediata. De acuerdo con el propio instructivo de la CNE, las entidades participantes deben:

- Actuar con total imparcialidad.

- Informar con objetividad.

- Evitar conflictos de intereses.

- Elevar un informe final.

En función de las numerosas publicaciones y denuncias difundidas por los medios, resulta indispensable una aclaración rápida y contundente que permita despejar toda sospecha de fraude electoral y reafirmar la regularidad y transparencia de los resultados.

Esa aclaración no solo compete a los organismos oficiales, sino también a las organizaciones civiles que participaron del proceso de observación y acompañamiento. (www.REALPOLITIK.com.ar)